A la pena mínima de un año por el delito de homicidio culposo fueron condenadas las gineco-obstetras, Yamileth de Fátima Mejía Montenegro, de 32 años, y María Auxiliadora González Martínez, de 43, declaradas en juicio culpables tras la muerte de Blanca Azucena Flores Peralta.

El juez Séptimo Local Penal, Henry Morales, notificó ayer la sentencia al Ministerio Público y al abogado defensor de las acusadas, pues estas últimas no estuvieron presentes a la hora de la lectura y permanecieron afuera del recinto judicial en compañía de colegas que las apoyan.

Morales señala en la resolución que la pena deberán cumplirla en el Sistema Penitenciario La Esperanza, una vez que la misma esté firme y deje a salvo el derecho a la familia de la víctima, el ejercicio de hacer un reclamo por daños y perjuicios a través de la vía civil.

Aunque el Ministerio Público solicitó durante el debate de pena la inhabilitación de servicios profesionales contra las doctoras, el juez Morales no dio lugar a tal petición.

“En ningún momento yo he establecido que ellas están inhabilitadas para el ejercicio de su profesión como médicos. He considerado que nunca actuaron con desprecio hacia la víctima”, señaló el juez.

A criterio del Judicial quedó debidamente demostrado que las médicos cometieron el delito en un descuido , “durante la práctica de la intervención quirúrgica a la víctima el día 6 de junio del 2007”, hecho que la llevó a la muerte por la perforación de su intestino delgado.

Ayer el subdirector del Instituto de Medicina Legal, Julio Espinoza, avaló el dictamen que ofreció el Ministerio Público en el juicio, confirmando que hubo una mala praxis de parte de las ginecólogas, peritaje que fue tomado en cuenta por el juez al momento de emitir su fallo.

El paro de labores que se mantiene en el Hospital Fernando Vélez Paiz desde hace varios días continuará, indicó el doctor Allan Juárez, jefe de Epidemiología, hasta conocer el resultado de la apelación que ayer mismo hizo el abogado de las gineco-obstetras, Jacinto Miranda Talavera.

Guillermo González, titular del Ministerio de Salud, anunció que integrarán un equipo de abogados para dar asesoría legal a las procesadas que permanecen bajo medidas alternas a la prisión preventiva y a la par anunció que seguirán investigando a lo interno.