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Noticias >> Nacionales
El secretario general de la CST, Miguel Ruiz, y otros sindicalistas presentaron una denuncia ante el Cenidh. ( LA PRENSA/CORTESÍA CENIDH)
Sindicato sandinista denuncia al Estado
Advierten que recurrirán ante la OIT por represión sindical
Elízabeth Romero
nacionales@laprensa.com.ni
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Despidos, represión sindical, falta de cumplimiento a los convenios colectivos y falta de tutela por parte del Estado a la clase trabajadora nicaragüense son los principales problemas que el sindicato de la Central Sandinista de Trabajadores, José Benito Escobar, pretende exponer ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Miguel Ruiz, secretario general de la CST, junto a un grupo de sindicalistas, acudió ayer al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), para denunciar que en el país existe una campaña antisindical, tanto en el Estado como en el sector privado.

Representantes del sindicato de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), José Benito Escobar, denunciaron ayer que, en cuatro meses, al menos 500 trabajadores han sido despedidos de instituciones públicas, al igual que hay denuncias de las empresas privadas, lo que los deja desprotegidos.

“Hay una ola de atropellos en contra de los derechos de los trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales nuestras”, aseguró Miguel.

Menciona, por ejemplo, los despidos de más de 80 trabajadores en el Instituto de Desarrollo Rural, incluyendo a directivos sindicales, sin que se cumplieran los procedimientos de ley, y los más de 60 despidos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados.

Asegura, además, que el Ministerio del Trabajo manda a reintegrar a trabajadores despedidos, pero las instituciones no lo hacen; también se les manda a negociar el convenio colectivo y tampoco lo hacen.

Irela Alemán, funcionaria del Cenidh, manifestó que presentarán una denuncia debidamente documentada ante instancias internacionales “a fin de lograr el resarcimiento de estos derechos laborales”.

“Si bien es cierto un trámite ante la OIT no tiene una resolución vinculante para el Estado de Nicaragua, pero sí una condena de carácter moral a través de una serie de recomendaciones que este organismo pudiera hacerle”, expresó Alemán.

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