El magistrado de la Corte Suprema, Rafael Solís, aseguró estar dispuesto a despojarse de su inmunidad, sin limitación alguna, para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía investiguen su actuación por un señalamiento de supuesto tráfico de tierras que le hizo la ex notario uno del Estado, Morena Avilés Serrano.
En una misiva enviada a LA PRENSA, el magistrado Solís dice: “Quiero hacer pública mi decisión, que estoy dispuesto sin limitación alguna a que la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la República investiguen mi actuación en este caso y en cualquier otro que tuviera que ver con tráfico de tierras en el país, y desde ahora renuncio públicamente a mi inmunidad como magistrado, para que esta investigación se realice sin limitación alguna”.
Solís dice en su escrito que el señalamiento de Avilés pudiera tratarse de tierras que en el año 1994 le ofrecieron un grupo de personas vinculadas a la Resistencia Nicaragüense.
Dichas tierras están ubicadas en la zona de Quisalá, contiguo a Montelimar. “Tierras que había otorgado a dirigentes de la Resistencia Nicaragüense el Gobierno de la señora Violeta Chamorro, donde aparecían doña Melba Pérez, a quien conozco personalmente, cuya hija (Claudia Vásquez) estaba casada con el comandante Mack, José Benito Bravo, quien con otro grupo de miembros de la Resistencia habían sido beneficiados con esas tierras”, reveló Solís.
Sobre una noticia publicada ayer por LA PRENSA, Solís dijo que: “A todo lo largo del texto de la información no aparece una declaración específica de dicha señora (Avilés Serrano) en la que mencione mi nombre, y la realidad es que no tengo el gusto de conocerla y desconozco si sea cierto lo que se dice en dicha información y además las razones que haya tenido ella para involucrarme en el supuesto tráfico de tierras”.
“En efecto, un grupo de empresarios compramos de buena fe una parte de esas tierras, después de comprobar que el título era correcto, pero en la práctica hasta el día de hoy no hemos podido tomar posesión de las mismas, porque la Alcaldía de San Rafael del Sur reclama esas tierras como terrenos ejidales, existiendo todavía una gran cantidad de juicios al respecto. En todo caso los estafados seríamos los compradores”, destaca Solís.
PGR DESMIENTE A LA EX NOTARIO UNO
Por su parte, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, negó conocer la identidad de personas que trafican con tierras, algunas que supuestamente forman parte de la institución que él dirige, y que no actúa contra ellas, como afirmó la ex notario uno del Estado, Morena Avilés Serrano.
“Hay personas en esta lucha (contra la mafia de robatierras) que tienen la capacidad de llamar y desconcentrar la atención en el tema principal y ensuciar a otras personas”, dijo Estrada refiriéndose a Avilés Serrano, quien aseguró que dio a la Procuraduría los nombres de personas poderosas que supuestamente estarían detrás del tráfico de tierras y que no actúan en contra de ellas.
El procurador Estrada señaló que en la PGR sólo se ha encontrado con personas honestas y de alto nivel profesional, negando de esa manera conocer a personas dentro de esa institución que estén ligadas al tráfico de tierras, a como lo aseveró Avilés Serrano.
“Yo me enorgullezco de las personas que están trabajando conmigo”, dijo Estrada.
También desmintió que se relacione en almuerzos-trabajo con personas ligadas a ese tipo de delitos, alegando que desayuna en su casa, almuerza en la PGR y no sale a cenar.
“No voy a pachanguear, tengo una vida privada bastante ordenada, así que (Avilés Serrano) se equivocó conmigo”, añadió el procurador.
ROBATIERRAS MÁS DAÑINOS QUE NARCOTRAFICANTES
El procurador aseguró que el problema de la propiedad en el país es un asunto de Estado y que la mafia de robatierras es más peligrosa que los narcotraficantes.
Al procurador Estrada le llama la atención que los jueces no denuncian cuando se les falsifican sus sellos y sus firmas en resoluciones judiciales que mandan a inscribir propiedades a nombre de personas que realmente no están en posesión de las mismas.
Estrada mostró un documento en el que se ordenaba inscribir una propiedad como que si el caso hubiese pasado por un juicio y en el cual están plasmados la firma y el sello falsificados de un juez de nombre Ernesto Ramón Castillo.
“Estamos ante una mafia bien estructurada. Esto es crimen organizado, aquí la vida se pone en peligro, esa mafia es más peligrosa que la red de narcotraficantes”, dijo Estrada.
DENUNCIA AMENAZAS
La ex notario uno, Morena Avilés Serrano, denunció ayer ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que teme por su vida, tras las últimas denuncias efectuadas por ella en relación al tema de la propiedad.
Avilés denunció que la mañana de ayer ya recibió la primera llamada telefónica a través de la cual le dejaron mensaje de advertencia con uno de sus hijos, de que “tengamos cuidado, que ellos saben cómo dar conmigo”.
“Sospecho de quién es, pero no voy a dar su nombre, porque fue una llamada telefónica directamente a mi casa, es una persona que conoce mi número telefónico”, aseguró Avilés.
La ex funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR) refirió que desde que su caso surgió, hasta la fecha, no se le han respetado sus derechos humanos. “El mayor violador a los derechos que yo he podido tener en esto, ha sido el área penal de la PGR”, dijo.
El director en funciones de la Policía, comisionado general Javier Maynard, se refirió ayer al caso de la propiedad y dijo que hasta entonces no había personas capturadas.
