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Una ofensiva policial contra pandillas y delincuentes comunes, lanzada la madrugada de ayer en diferentes ciudades de El Salvador, dejó como resultado al menos 70 detenidos. (LA PRENSA/AFP/J. CABEZAS)
“Manos duras” fracasaron
Ven complicidad de algunos agentes policiales con maras
TEGUCIGALPA/AP
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Centroamérica fracasó en la lucha que desde hace 10 años mantiene en contra de las pandillas o “maras” debido a la estructura militar y empresarial de los adolescentes y a que los policías son sus cómplices, según un estudio divulgado esta semana en esta capital.

“Como los salarios de la policía son bajos, se complementan con los sobornos de los mareros”, denunció el informe financiado por Suecia, las Naciones Unidas y el Banco Centroamericano de Integración Económica con sede en Tegucigalpa.

Indicó asimismo que “en Guatemala hay algunos policías que, incluso, son mareros”.

Las pandillas surgieron en 1985 en Guatemala y dos años después en El Salvador y Honduras, donde tienen una mayor presencia, luego de las guerras civiles registradas en esa época en la región.

“En Nicaragua se manifiestan de manera incipiente y en Costa Rica apenas presentan signos de aparición”, subrayó.

“En los últimos cuatro años las pandillas han desarrollado una organización militar y empresarial... y son empleadas como mano de obra del narcotráfico y el crimen organizado”, añadió el documento.

La mara es más violenta en un 56 por ciento en El Salvador y en 79 por ciento en Honduras. En un 40 por ciento son dirigidas por mujeres.

“Es el primer estudio centroamericano que existe sobre las maras”, dijo en rueda de prensa el director de la investigación, el costarricense Jorge Rodríguez.

Advirtió además que “las maras, que actúan con violencia extrema, llegaron (a Centroamérica) para quedarse por estar insertadas en el sistema económico y social de la región”.

Señaló que “han fracasado las estrategias represivas puestas en marcha por los gobiernos centroamericanos como la Mano Dura en Guatemala y El Salvador, y Cero Tolerancia en Honduras”.

El estudio, realizado en el 2007, se basa en 3,402 entrevistas a mareros en libertad y presos, sus familiares, vecinos, policías, comerciantes y las víctimas de sus asaltos, robos y extorsiones.

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