Los problemas de corrupción judicial en Centroamérica son graves, debido a que destruyen la independencia e imparcialidad de los jueces, especialmente en Nicaragua, donde la ciudadanía tiene un alto índice de desconfianza en su Poder Judicial.
Así lo confirma una investigación denominada Evaluación de la Corrupción Judicial y sus Mecanismos para Combatirla en Centroamérica y Panamá, elaborada entre el año 2006 y el 2007 por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés).
Según el estudio, la corrupción provoca que el Poder Judicial no logre cumplir con el rol que le asigna la Constitución, el de encargarse del control del poder político, la preservación del imperio de la ley y la tutela de los derechos de las personas.
LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LA MANZANA PODRIDA
Una de las principales causas de la descomposición del Poder Judicial es la injerencia de los partidos políticos en la mayoría de los países centroamericanos.
Los nombramientos de jueces de las Cortes Supremas se realizan, en la mayoría de los países centroamericanos, sobre la base de criterios políticos, antes que según méritos y calidades profesionales y técnicas de los candidatos. El favoritismo político y partidario se instaura en los tribunales más altos de los países del área, con lo cual se crea un entorno institucional proclive a los actos de corrupción, que se aprecia en casos de gran impacto político, según DPLF.
Los informes nacionales coinciden en la relación entre el sistema de nombramiento judicial, en lo relativo a la elección de magistrados de la Corte Suprema, y la configuración de la problemática de la corrupción judicial en Centroamérica.
ALGUNOS AVANCES
Para elegir magistrados en El Salvador existe un Consejo de Judicatura, conformado por asociaciones de abogados, el cual tiene facultades para postular candidatos a magistrados, pero no tiene decisión final en el nombramiento. Aún así, se considera un avance democrático.
Igual ocurre con la Comisión de Postulación en Guatemala y con la Junta Nominadora en Honduras.
En el caso de Nicaragua, los investigadores de DPLF constatan una abierta intromisión del Gobierno en la administración de justicia. El Presidente de la República y los diputados son quienes nominan a los magistrados, siendo facultad de la Asamblea Nacional la ratificación de los nombramientos.
NO HAY POLÍTICAS PARA PREVENIR CORRUPCIÓN
Uno de los hallazgos más significativo de la investigación de DPLF es que en Centroamérica, especialmente en Nicaragua, no existe en los Poderes Judiciales programas especiales orientados a prevenir, sancionar y erradicar la corrupción judicial.
No obstante, —y en el caso de Nicaragua es un avance de la Ley de Carrera Judicial— hay normas disciplinarias específicas y medidas correctivas para castigar administrativamente la corrupción en la administración de justicia, así como también el Ministerio Público puede ejercer la acción penal en contra de funcionarios judiciales que cometan delitos.
Pero el estudio de DPLF remarca que no existen mecanismos para prevenir la corrupción judicial en Centroamérica.
En Centroamérica, los Consejos de Judicatura son los encargados de la prevención y castigo de la corrupción judicial, pero sólo existen como órganos colaboradores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, en Nicaragua al Consejo Nacional de Administración de Carrera Judicial se le otorgan muchos poderes que van más allá de sus funciones y podría ser una instancia para someter la independencia y la imparcialidad de los jueces.
DPLF explica que dichos Consejos han supuesto la adopción de un modelo más débil, en el que aparecen como “órganos coadyuvantes” (según el PNUD), pues en la mayoría de los casos, la cúpula judicial mantiene el control sobre el nuevo organismo.
El estudio muestra que importantes decisiones de los tribunales de justicia, en procesos instaurados por la presunta comisión de delitos de corrupción de ex presidentes y otros altos funcionarios de Gobiernos de Centroamérica, podrían haber sido motivadas por la existencia de redes de clientelismo político en los juzgados.
ALARMANTES CIFRAS
“Las víctimas de prácticas corruptas en los tribunales llegan a porcentajes dignos de ser tenidos en cuenta; especial alarma causan las cifras obtenidas en el caso de Nicaragua, pues el porcentaje de víctimas en el 2006 fue de 22.9 por ciento, cuando el segundo país más afectado fue Panamá con 14.1 por ciento y el menos afectado fue Costa Rica con 3.0 por ciento”, dice el informe de DPLF.
En Nicaragua, según entrevistas que realizó la DPFL, la población ve con mayor desconfianza al Poder Judicial que a las alcaldías, sistema educativo, Ejecutivo y a los diputados de la Asamblea Nacional.
TODOS QUIEREN INCIDIR
La magistrada sandinista Alba Luz Ramos, miembro del Consejo de Administración y Carrera Judicial, expresó que muchas personas e instituciones abogan por una independencia en el Poder Judicial, pero a la vez todo mundo quiere influir en el Poder Judicial a su favor.
“Quieren que sea independiente, pero en el Poder Judicial quieren ejercer influencia no sólo los partidos políticos, también los grupos de poder económico, social y aún religiosos, todo el mundo quiere ejercer influencia. Si todo el mundo realmente quisiera que el Poder Judicial fuera independiente, nadie estaría llamando y presionando para que una sentencia salga en un sentido u otro, aún la opinión pública y aún los medios de comunicación que son hacedores de opinión, también quieren incidir en las decisiones judiciales”, expresó Ramos.
