La palabra “Travelgate” tiene como trasfondo histórico el escándalo de conspiración que derrocó al Presidente de EE.UU., Richard Nixon, en 1974, conocido como “Watergate”, nombre del edificio en Washington D.C. donde se inició el escándalo. Luego se utilizó la terminación “gate”, para describir otras transacciones escandalosas en las que se han visto involucrados gobernantes y funcionarios estadounidenses. El “Koreagate” fue un escándalo ocurrido en 1976, en el que funcionarios surcoreanos trataron de influir en las decisiones de algunos miembros del Congreso norteamericano, relacionadas con el retiro de las tropas estadounidenses en ese país. El “Irangate”, ocurrido entre 1985 y 1986, en el cual se acusó al gobierno de Ronald Reagan de organizar una red de tráfico ilegal de armas con destino a Irán —en ese entonces en guerra contra Irak—, cuyas ganancias serían destinadas a financiar a la Contrarrevolución nicaragüense. Y el “Travelgate”, bajo la administración de Bill Clinton, que ocurrió en 1993 cuando fueron despedidos siete empleados antiguos de la Oficina de Viajes de la Casa Blanca —encargada de manejar los arreglos viajeros del personal de prensa—, supuestamente para que amigos y parientes de Clinton se hicieran cargo del negocio.

En todo caso, cuando un presidente o alto funcionario estadounidense se ve involucrado en algún tipo de “gate”, es imposible que la prensa de ese país no deje al descubierto la naturaleza y propósito de la transacción y que se apliquen sanciones. Nixon tuvo que renunciar. Reagan y algunos de sus funcionarios fueron sometidos a minuciosas investigaciones. Los Clinton tuvieron que aceptar la reincorporación de los despedidos y la Primera Dama recibió una reprimenda muy severa. Pero en Nicaragua ocurren transacciones escandalosas en las que participan gobernantes y sus funcionarios y nada va más allá de la denuncia. El “Kamusi-gate”, negocio que se pretendía hacer con una empresa de energía en Panamá apenas conocida por las autoridades, fue frustrado gracias al trabajo investigativo de periodistas, pero ningún funcionario fue suspendido por esta tentativa de estafa contra el erario. El “Tola-gate” o extorsiones de personas afines a la Secretaría del Frente Sandinista denunciadas en un programa de televisión, resultaron en la emigración apresurada del inversionista denunciante y en el despojo de la diputación del conservador Alejandro Bolaños Davis. Pero las instancias de investigación correspondientes no fueron a fondo para dejar totalmente expuesta la telaraña de corrupción que parte desde el Registro de la Propiedad Inmueble. Si hay sancionados son empleados de menor rango, pero los que orquestan sistemáticamente la corrupción desde arriba, jamás son alcanzados.

Con respecto al “Petróleo-gate”, el gobierno de Ortega hizo malabares para que las ganancias de la ayuda venezolana ofrecida inicialmente al pueblo de Nicaragua no pasaran por el Presupuesto General de la República sino que fueran manejadas por una rara empresa privada llamada Albanisa, convertida en caja chica del Presidente. Nadie sabe a cuánto ascienden exactamente las ganancias dejadas por la venta concesional de combustibles, ni qué porcentaje se destina para obras de beneficio público, ni qué pasa con el resto del dinero. Ortega declaró ante la Asamblea Nacional que Albanisa no tiene que entregar cuentas a nadie y que él es quien decide el destino de al menos una parte de sus ganancias.

Ahora, después de unas publicaciones de LA PRENSA basadas en la página web de la Presidencia de la República, la opinión pública se pregunta de dónde sale el dinero con que Ortega paga el alquiler del avión que lo lleva a él, su familia y amigos a viajes como el de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Santiago de Chile. El uso del avión privado es un asunto que va más allá de simplemente informar el origen de los fondos que se usan para pagarlo. El Presidente tendría que explicar a los “pobres del mundo” —pero sobre todo a los de Nicaragua— por qué no utiliza un medio de transporte más acorde con la realidad económica del país e invierte ese dinero para suplir con medicinas a algún hospital público o para reparar las instalaciones de algún instituto o escuela de los muchos que se encuentran en ruinas.

Pero aquí en Nicaragua, donde la corrupción está institucionalizada y contamina las más altas esferas del Estado, las denuncias pasan y la plata queda en casa.