Una propuesta de ley recién terminada por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas, plantea que la Unidad Administrativa Financiera (UAF) debe ser una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Gobernación.
René Antonio Ortega, a cargo de esa secretaría, manifestó que la propuesta está en poder de la presidenta de ese consejo, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, y la esperan presentar posteriormente ante la Asamblea Nacional, ya sea por la Comisión Económica o por la de Asuntos Jurídicos.
“Debería de ser un ente autónomo, con presupuesto propio, con personería jurídica, pero adscrita al Ministerio de Gobernación, independiente de cualquier Dirección”, sostuvo Ortega.
El funcionario indicó que una vez se estabilice el funcionamiento del parlamento deben introducir esa propuesta, debido a que considera es importantísimo para el país discutir ese tema, porque este año Nicaragua será evaluada por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic).
Ortega dijo que su opinión personal es que debe estar adscrita al Ministerio de Gobernación, “porque tiene dentro de su ámbito el trabajo policial, el trabajo penitenciario, trabajo de Migración y Extranjería que está de alguna manera vinculado a esto, tiene el Ministerio de Gobernación un tendido territorial nacional”.
OTRAS CONSIDERACIONES
Aunque hay otras propuestas que optan porque esté adscrita al Ministerio de Hacienda o a la Superintendencia de Bancos, Ortega prefirió no emitir sus consideraciones al respecto.
El funcionario recordó que en otros países esta unidad también está adscrita a la Presidencia de la República.
Existe un proyecto de ley en la Comisión Económica del parlamento, pero Ortega estima que requería algunos ajustes para que el país se ajuste a las demandas actuales de la comunidad internacional.
En la recién concluida propuesta, esa secretaría plantea que debe ser una unidad estatal administrativa con capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones para aquellos actos o convenios que son necesarios para la consecución de los objetivos de la creación de la UAF.
Según la propuesta, dijo Ortega, debe ser especializada en análisis de activos provenientes de actividades ilícitas y que también vayan dirigidos al financiamiento al terrorismo.
Además, plantean que esta unidad debe tener un presupuesto propio asignado en el Presupuesto General de la República, pero que además pueda tener capacidad para obtener donaciones nacionales o internacionales, ya sea para capacitación de personal como para dotación de equipos o financiamiento.
A su vez, que esta unidad pueda obtener hasta un monto del 20 por ciento por las multas que se impongan producto de los dictámenes de la UAF.
Ortega adelantó que entre los miembros de una comisión interinstitucional, integrada para reformar la Ley 285, han consensuado con otras instituciones, las que respaldan esta idea.
En la propuesta plantean que tanto el director como el subdirector ejecutivo de la UAF, sean nombrados por la Asamblea Nacional a través de una terna independiente propuesta por el Presidente de la República.
Y en cuanto al resto del personal debe ser estrictamente profesional y técnico, al igual que el necesario, idóneo y multidisciplinario. “Creemos que el ejercicio de este trabajo debe ser incompatible con cualquier otra actividad, excepto la de la docencia”, indicó Ortega.
