La niña de 10 años, con iniciales B.R.V.H. que resultara embarazada producto de una violación por parte de su padrastro, será trasladada en los próximos días a Managua, vía aérea por orientaciones de la Ministra de la Familia, Rosa Adilia Vizcaya.
La Procuradora Especial de la Mujer, Norma Moreno, confirmó que conversó con la titular de Mifamilia quien le comunicó que para evitar complicaciones en la salud de la niña harán el traslado por avión, debido a que la carretera de San Carlos-Managua está en mal estado.
Ya en Managua, dijo, si consideran que requieren trasladarla al hospital donde le practicarán la cesárea a la niña, lo harán de inmediato. Pero esa situación será valorada por los especialistas que le brindan atención.
Mientras tanto, manifestó la procuradora especial que la ubicarán en un centro de protección especial y emplearán el mismo procedimiento que utilizaron con la niña víctima de violación en El Tortuguero, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
PIDE PENA MÁXIMA
La Procuradora Especial de la Niñez demandó de la Policía Nacional que realice la búsqueda y captura del sospechoso de violar y embarazar a la niña.
En tanto demandó de las autoridades judiciales que en el juicio oral y público le impongan la pena máxima al sospechoso.
“Que tomen en cuenta las agravantes que tiene el caso, se trata de una niña de 10 años y de que hubo una violación”, señaló Moreno.
La fiscal Alba Nubia Pérez Morales, representante del Ministerio Público en este caso, dijo que las autoridades judiciales no debieron dejar en libertad a la madre de la niña, que está siendo procesada en calidad de cómplice del violador.
“Estamos frente a un caso muy grave, es un delito grave. Los jueces no deben emitir consideraciones personales en este tipo de casos, la mamá debió quedar detenida y no con arresto domiciliario como lo decidió el juez de audiencias, sin embargo, creemos que habrá justicia el día del juicio”, dijo la fiscal.
El juicio oral y público en contra de la mamá de B.R.V.H. está programado para el próximo 5 de febrero, fecha en la cual un tribunal de jurado decidirá si la señora J.M.H. de 31 años es culpable o no del delito de complicidad en la violación de la menor.
“Creemos que no es necesaria tanta cantidad de pruebas porque es suficiente con la declaración de la víctima como testigo natural del hecho, sin embargo, estamos profundizando aún más las investigaciones para aportar pruebas contundentes”, aseguró la representante del Ministerio Público.
INVESTIGACIÓN DE OFICIO
Moreno dijo que se comunicó con la ministra Vizcaya, al tener información de una supuesta negligencia por parte de la delegación de Mifamilia y por lo cual de oficio abrió una investigación.
Aunque adelantó que al momento “no encontramos violación de derechos humanos de parte de la administración pública, pero vamos a continuar dándole seguimiento para prevenir que haya una violación de derechos humanos de parte de las dos instituciones públicas”.
Vizcaya también le comunicó a Moreno que mantiene coordinaciones al más alto nivel con las autoridades del Ministerio de Salud “que deben garantizar el derecho a la vida, la atención en salud, ginecológica y psicológica”. Así como para garantizarle a la menor la protección especial durante y posterior a la cesárea.
El defensor público Chéster Guerrero, defensor de la madre de la niña, aseguró que esta le ha insistido que no sabía de las violaciones de las cuales era víctima su hija por parte de su cónyuge, ni se percató de su embarazo, pese a que el vientre de la menor estaba bastante abultado cuando fue descubierta por el médico de San Miguelito que la trasladó a la ciudad.
