El gobierno sandinista logró un acuerdo con la constructora española Hispánica que puso fin a la demanda que esta interpuso contra Nicaragua por un monto de US$ 15 millones.
Dicha demanda fue entablada en un Tribunal Permanente de Arbitraje radicado en La Haya, Holanda.
La gestión para lograr este acuerdo fue encabezada por el Ministro y Viceministro de Transporte e Infraestructura, Fernando Martínez y Fernando Valle, y contó con el apoyo técnico de los titulares de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara; Relaciones Exteriores, Samuel Santos, y el Procurador General de la República, Hernán Estrada.
Una victoria de Hispánica le habría costado al país un poco más de 18 millones de dólares, 15 millones que reclama en concepto de escalamiento de precios. 1.5 millones de dólares en gastos arbitrales y otros 1.5 millones en pago del bufete de abogados que representaría al país en esto.
“Este asunto de las demandas nos tenía tan ocupados y preocupados, como la situación de las carreteras. Pero por lo menos ya la de Hispánica, que era la más costosa de todas, ya logramos superarla”, dijo el ministro Martínez.
La constructora española estuvo a cargo de la rehabilitación y ampliación de la carretera Ticuantepe-Masaya-Granada, proyecto insignia del Plan Nacional de Desarrollo (PND) impulsado por el presidente Enrique Bolaños (2002-2007).
La ejecución de este proyecto estuvo plagada de anomalías, irregularidades y retrasos que fueron revelados por una investigación periodística de LA PRENSA en el 2004 y 2005.
Este fue el primer escándalo público que enfrentó la administración de Bolaños, quien pese a todas las irregularidades y cuestionamientos hacia Pedro Solórzano, el entonces titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, lo mantuvo en el cargo. El mismo Solórzano, con su folclórica forma de ser, calificó en una ocasión a Hispánica, como “el divieso en la cara de mi gestión en el MTI”.
Hispánica formaba parte de un paquete de demandas interpuestas por empresas constructoras en contra del Estado de Nicaragua por incumplimiento de contratos y escalamientos de precios “heredados” por la Administración anterior.
Las otras demandas son las presentadas por el consorcio Meco Santa Fe, a cargo del proyecto San Lorenzo-Muhan, y la constructora Tradeco, a cargo del tramo Chinandega-El Guasaule.
Este paquete de demandas en su conjunto amenazaba con costarle al país 30 millones de dólares, sólo en concepto de pagos a las empresas. Sin tomar en cuenta los gastos arbitrales y pago de abogados.
ACUERDOS ALCANZADOS
El acuerdo con la constructora española estableció que se le pagarían 6. 3 millones de dólares que faltaban para completar lo establecido en el contrato de adjudicación del proyecto, que era por el monto de 22 millones de dólares.
Nicaragua logró conseguir que la constructora española dejara al MTI en concepto de donación sus módulos de construcción, siendo el principal una mezcladora de asfalto caliente, equipo con el que no contaba esta cartera del Estado.
“Si nosotros mismos estamos sorprendidos del acuerdo que alcanzamos, porque te digo que en realidad no nos convenía para nada caer en un juicio internacional con Hispánica. Ese fue uno de los principales errores que cometieron las autoridades anteriores del MTI; establecer eso en el contrato, con los enormes costos que representa eso. Fue un trabajo arduo de todas las comisiones”, mencionó por su parte el viceministro Fernando Valle.
El dinero para Hispánica será reembolsado directamente en España, ya que la construcción de la carretera forma parte de un préstamo concesional de ese país europeo por medio de los Fondos FAD.
La historia de Hispánica inició desde que LA PRENSA reveló que el proyecto, inaugurado en septiembre del 2003, llevaba apenas un cinco por ciento de ejecución para junio del 2004.
Las investigaciones periodísticas revelaron que el MTI adjudicó el proyecto a esta empresa, pese a que el mismo equipo técnico de esta institución calificó la oferta de Hispánica como riesgosa.
Las pesquisas de LAPRENSA incluso concluyeron que funcionarios de la Embajada de España, en el 2003, presionaron a Solórzano para que se adjudicara el contrato a esta compañía. El proyecto insignia de Bolaños nunca pudo ser inaugurado formalmente por el mandatario.
