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Roberto Mora/ Corresponsal/ Estelí |
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El ministro de Educación, Miguel De Castilla, expresó ayer que el reclamo de los colegios subvencionados es el resultado de un proceso que incluye la Ley General de Educación, incrementos salariales a los docentes y la desprivatización de la educación.
Señaló que al ser gratuita la educación, los centros subvencionados pierden estudiantes.
“Como las escuelas públicas no cobran nada, queda en evidencia que hay centros que reciben dinero del Estado y además cobran dinero”, afirmó De Castilla, sin embargo indicó que el Ministerio de Educación (Mined) “no es informado mensualmente de cómo se gasta el dinero de los colegios subvencionados”.
De Castilla detalló que cada año se destina para el Episcopado un presupuesto de 42.9 millones de córdobas; para el Vicariato de Bluefields 21.1 millones de córdobas, para Fe y Alegría 12.4 millones de córdobas, para la Federación Nacional de Escuelas Católicas se asignan 13.8 millones de córdobas, y a los organismos no gubernamentales 1.8 millones de córdobas.
En total la partida para los centros subvencionados el año pasado fue de 94.2 millones de córdobas, presupuesto que según el ministro se mantendrá igual.
De Castilla comentó que los centros subvencionados también incumplen con la Ley General de Educación, porque no rinden cuentas al Mined.
Indicó que en algún momento se intentó pedir informes, incluso con el apoyo de la Contraloría General de la República (CGR), pero se presentó resistencia, por lo que iniciaron las pláticas con estos centros para retomar la idea.
“El problema es que las subvenciones se dieron directamente al centro educativo y no al maestro”, aclaró De Castilla.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua se reunirá el próximo martes con carácter de urgencia con la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, para solicitar a los legisladores que los incrementos proporcionales a los maestros estatales, también sean incluidos a los maestros parroquiales en el paquete del Presupuesto de la República.
El portavoz de la Arquidiócesis de Managua, Rolando Álvarez, afirmó que los informes y la intervención de la CGR van en contra del derecho de los colegios católicos.
“Los colegios católicos son privados y no tiene por qué la CGR hacerles auditoría, ya que nuestras administraciones se llevan en orden y correctamente”, reiteró Álvarez.