Rosa Adilia Vizcaya. /LA PRENSA/ ARCHIVO
Niña embarazada en peligro de muerte
Francisco López
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Mifamilia analiza traslado a un hospital en Managua

La ministra de la Familia, Rosa Adilia Vizcaya, expresó que espera un informe de la delegación de esa institución en San Carlos, para determinar si la niña de 10 años, con un embarazo avanzado producto de una violación presuntamente por parte de su padrastro, resiste un traslado a Managua.

La titular de Mifamilia dijo que si los médicos creen prudente que la niña debe ser trasladada a Managua, lo harán de inmediato. “Tienen los médicos que valorar”, sostuvo la ministra Vizcaya, tras recordar que es al sector Salud al que corresponde la seguridad física de la niña, mientras a Mifamilia le corresponde garantizar que se le brinde la atención adecuada tanto antes como después del parto; así como acompañarla en los procesos judiciales.

Recordó la titular de Mifamilia que según lo planteado por los médicos hasta ahora, la niña “tendría que dar a luz por cesárea, porque ella no está preparada para tener un parto por vía vaginal, pero le repito, al final lo que determinan eso son los médicos”.

Se trata de la niña B.R.V.H., quien el 25 de junio del 2007, cumplió 10 años. Habitaba en una comunidad distante a unos 30 kilómetros montaña adentro de San Miguelito, cuando fue abusada. Según los médicos, la niña tiene siete meses de embarazo, es de muy alto riesgo y pone en peligro su vida.

El jefe de servicios de ginecología del Hospital Luis Felipe Moncada, de San Carlos, doctor Sergio Chamorro, explicó que el caso de la niña B.R.V.H. es excepcional por el peligro que corre la menor con ese embarazo.

“Estamos hablando de un embarazo avanzado en el cuerpo de una niña de 10 años, con órganos reproductivos de niña, infantiles, no preparados para ese trauma físico y sicológico. Es muy peligroso”, dijo el especialista.

“Desde el punto de vista obstétrico una cesárea no representa mayor complicación, sin embargo, nos vemos obligados en este caso a usar anestesia general, y Río San Juan no tiene anestesista, esa niña se puede complicar en cualquier momento y, ¿cómo intervenimos?”, expresó el médico.

“El mayor peligro es que llegue a una preclampsia o una eclampsia, ese es el mayor peligro. Pese a que se le está dando buen cuidado y esmerada atención por el personal médico, el peligro es alto, por eso hemos decidido trasladarla a Managua, al Bertha Calderón”, dijo Chamorro.

URGE ATENCIÓN SICOLÓGICA

El doctor Azarías Escoto, director de Servicios de Salud de San Miguelito, también insistió en que la menor necesita urgente atención sicológica por su grave estado de shock.

La pequeña llegó al centro de salud en estado deplorable, mal alimentada, pues presentaba síntomas de desnutrición, muy deprimida y con trauma sicológico.

Según las entrevistas que le ha realizado a la menor el personal médico del centro de salud de San Miguelito, B.R.V.H. fue violada desde los ocho años, presuntamente por su padrastro y padre de tres de sus hermanitos menores.

“Mi padrastro me pegaba con un mecate, mis hermanitos se iban a jugar adonde la Toña, (vecina) y allí me agarró”, relata entre sollozos la niña, quien agregó “me decía que me pegaba si decía algo, mi mamá no sabía nada”.

La responsable de la casa materna de San Miguelito, Roberta Sandoval, cuenta que con la llegada de B.R.V.H., los primeros días fueron duros.

“No paraba de llorar, no hablaba con nadie y no se dejaba tocar ni las manos por sus compañeras, rechazaba cualquier contacto con otras personas y jamás levantaba la mirada, siempre estaba viendo al piso. Ahora llora pero en ocasiones, se aparta de todos y se pone muy triste, necesita que la atienda una sicóloga, de Mifamilia nadie la viene a ver, ella necesita ayuda”, dijo Sandoval.

La delegada departamental de Mifamilia, Evangelina Chavarría, explicó que debido a que no cuentan con una sicóloga que atienda a la niña, coordinarán con las autoridades de Salud del lugar para que sea atendida por un especialista de esa institución.

SOSPECHAS SOBRE LA MADRE

Vizcaya manifestó que “hasta ahora parece ser que la mamá (de la niña) conocía del hecho y guardó silencio”, y señaló que en estos casos ella es del criterio que debe ser procesada junto al violador.

“Lógicamente que estas cosas se tienen que probar, se tienen que demostrar en juicio”, indicó Vizcaya, tras recordar que le corresponde a la institución a través de la delegación acompañar a la víctima durante el proceso judicial “y si hay elementos para procesar a la madre, somos del criterio que también se le debe procesar”.

Por su parte la Procuradora Especial de la Niñez, Norma Moreno, al ser abordada sobre este tema explicó que esa institución según la ley es fiscalizadora de la actuación de la administración pública, y ese es un delito particular.

“Si fuera quien embarazó o abusó sexualmente a una niña o adolescente, un funcionario de la administración pública, ahí sí tiene competencia la Procuraduría de Derechos Humanos, pero si es un papá, padrastro o un particular, nosotros no somos competencia”, sostuvo Moreno.

¿DESCUBIERTA POR CASUALIDAD?

Durante una visita del médico del Ministerio de Salud, Douglas García López, a la comunidad El Fajardo, el pasado primero de diciembre, llegó hasta la casa de la niña, pidió agua y la menor lo atendió, el médico vio a la niña con apariencia de un avanzado embarazo, por lo abultado de su vientre y consultó con la mamá, la que respondió que no sabía nada.

Las citó a ambas al puesto de salud de El Dorado el 2 de diciembre y ese mismo día la remitió al Centro de Salud de San Miguelito, donde la doctora Patricia Eugenia Mendoza valoró a la pequeña paciente y constató que ya presentaba aproximadamente seis meses de embarazo.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fundación de Mujeres de San Miguelito, las que de inmediato pusieron en aviso a las autoridades policiales, pero cuando la Policía llegó al lugar donde vivía la víctima, para capturar al padrastro, éste ya había huido, según la Policía, con la ayuda de la madre de la menor.

La mamá de la niñita, J.M.H., de 31 años, está siendo procesada por las autoridades judiciales, acusada por el presunto delito de cómplice en la violación.

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