Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se resisten a admitir que hay altos índices de corrupción dentro del Poder Judicial de Nicaragua, tal como lo indica un estudio de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, por sus siglas en inglés).
Según la investigación de DPLF, en todos los países de Centroamérica, incluido Panamá, un grupo importante de jueces manifiesta haber sido objeto de tentativas de corrupción mediante el ofrecimiento de sobornos.
El vicepresidente de la CSJ, magistrado sandinista Rafael Solís, señaló que el informe de DPLF le parece muy subjetivo.
“Me da la impresión de que es muy subjetivo, no es una fundación conocida por nosotros los magistrados. No es lo mismo que un estudio de una fundación de la OEA, de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional o de Ética y Transparencia. Creo que ha habido casos de corrupción que son excepciones, pero que no es la regla del Poder Judicial”, dijo Solís.
La magistrada Juana Méndez señaló a su colega Sergio Cuarezma, de haber elaborado el informe de DPLF, cuando todavía no era magistrado.
“No somos santos, nadie está absolutamente libre de pecado, pero ese informe es una gran exageración, es una completa mentira. Me solidarizo con los jueces que son calumniados”, dijo la magistrada Méndez.
“Las víctimas de prácticas corruptas en los tribunales llegan a porcentajes dignos de ser tenidos en cuenta; especial alarma causan las cifras obtenidas en el caso de Nicaragua, pues el porcentaje de víctimas en el 2006 fue de 22.9 por ciento cuando el segundo país más afectado fue Panamá con 14.1 por ciento y el menos afectado fue Costa Rica con 3.0 por ciento”, dice el informe de DPLF.
Otro de los aspectos preocupantes del sistema judicial de Nicaragua es la elección de magistrados.
En El Salvador existe un Consejo de Judicatura, conformado por asociaciones de abogados, el cual tiene facultades para postular candidatos a magistrados, pero no tiene decisión final en el nombramiento. Aún así, se considera un avance democrático.
Igual ocurre con la Comisión de Postulación en Guatemala y con la Junta Nominadora en Honduras.
En el caso de Nicaragua, los investigadores de DPLF constatan una abierta intromisión del Gobierno en la administración de justicia. El Presidente de la República y los diputados son quienes nominan a los magistrados, siendo facultad de la Asamblea Nacional la ratificación de los nombramientos.
