El gobierno del presidente Daniel Ortega no ha querido informar cuánto ha costado y cómo ha pagado el lujoso y costoso avión privado en el cual ha viajado durante alguna o algunas de sus frecuentes salidas al extranjero. Pero el Presidente está obligado a dar esa información, no sólo porque la Ley de Acceso a la Información Pública ya ha sido reglamentada y está vigente, sino también porque la Constitución, en su artículo 131 lo manda a informar al pueblo “de su trabajo y actividades oficiales”.
De acuerdo con las informaciones publicadas en los últimos días por LA PRENSA, que han sido basadas en la página web de la misma Presidencia de la República, los viajes del presidente Ortega parecen inverosímiles. En realidad, aunque fuera con sus fondos personales que el presidente Ortega hubiera pagado el uso de la aeronave Boeing de la compañía mexicana Global Air, así como los gastos del séquito familiar que lo ha acompañado en sus viajes oficiales, de todas maneras debe aclararlo públicamente. Y en cualquier caso tiene que ser criticado, por la incongruencia de que es el gobernante de uno de los países más empobrecidos de América y de toda la Tierra, pero viaja por el mundo casi como lo hacen los jeques de los países petroleros del Golfo Pérsico.
En realidad, aunque fuesen fondos personales los que ha usado el presidente Ortega para pagar tan dispendiosos gastos y gustos, como funcionario público que es, tiene la obligación de rendir cuentas al público. Él es el Presidente de la República, no el dueño de Nicaragua. Él no es un absolutista monarca medieval, ni un cacique precolombino, sino el primer funcionario público de una nación de ciudadanos libres, pobre, pero republicana.
En un sistema de gobierno básicamente democrático, la legitimidad y respetabilidad del gobernante depende de que él mismo respete y cumpla al menos cuatro principios y requisitos: Primero, que sea eficiente y responsable en el desempeño de las funciones que constitucionalmente le son atribuidas; segundo, que sea transparente en el manejo de los recursos económicos del Estado y del patrimonio nacional que ha sido puesto bajo su responsabilidad; tercero, que atienda y en la medida de lo posible que resuelva las demandas de la población; y cuarto, que acepte la participación independiente de los ciudadanos en el proceso de formalización de sus opiniones, demandas y reivindicaciones.
En lo que se refiere específicamente al caso del alquiler del lujoso y costoso avión que el presidente Ortega ha utilizado al menos para uno de sus viajes al exterior, y de las alegres comitivas familiares del Presidente en sus giras oficiales, la falta de información viola el principio y requisito de transparencia. Y por lo tanto es correcto y necesario que los partidos de oposición exijan la correspondiente aclaración del Gobierno por medios institucionales. Los partidos de oposición parlamentaria tienen derecho y deber de controlar el ejercicio de la Administración Pública, y velar porque los recursos nacionales sean manejados de manera transparente.
Desde todo punto de vista es inaceptable que el presidente Daniel Ortega viaje como los príncipes de los países petroleros, siendo él representante de uno de los estados más pobres de América Latina y del mundo. Nicaragua es una nación de categoría HIPC, que significa ser uno de los países más endeudados e insolventes del planeta. Por eso Nicaragua es merecedor más de la ayuda humanitaria internacional que de la simple cooperación externa para el desarrollo. En estos mismos días el presidente Ortega se quejó ante el Presidente venezolano Hugo Chávez, porque la falta de aprobación del Presupuesto General de la República pone en riesgo el ingreso de varios millones de dólares de ayuda financiada o autorizada por el Fondo Monetario Internacional.
En fin, Daniel Ortega dice en su abundante propaganda que en Nicaragua el pueblo es el Presidente y que él, Ortega, es el pueblo. Pero en la realidad y a juzgar por las apariencias —ya que no hay transparencia administrativa ni informativa para poder asegurarlo con certeza—, ha resultado ser el gobernante más derrochador de los limitados fondos públicos que por sus funciones gubernamentales le corresponde manejar.
