Injerencia de partidos políticos y sobornos a funcionarios son parte del cáncer, señala organismo
El Poder Judicial de Nicaragua es uno de los más afectados por la corrupción, en relación a sus homólogos centroamericanos y Panamá, según indica un estudio realizado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés).
La injerencia de los partidos políticos y los sobornos a los funcionarios judiciales, desde abajo hacia arriba, son los factores principales para que exista corrupción en el Poder Judicial nicaragüense.
El estudio (2005 - 2007) analiza la corrupción judicial en Centroamérica y Panamá, y ubica a Nicaragua como uno de los países del área con mayor porcentaje de corrupción judicial, sólo por debajo de Honduras, en una tabla en la que su vecino Costa Rica, aparece como el menos perjudicado.
El estudio refleja que la justicia en Nicaragua se ve afectada por la retardación y la injerencia de los partidos políticos en el nombramiento de los funcionarios del Poder Judicial.
Según las entrevistas y el monitoreo de noticias locales realizado por la Fundación, con sede en Estados Unidos, también inciden la falta de una carrera judicial real, los bajos salarios, la falta de instalaciones adecuadas, el tráfico de influencias y la manipulación de sentencias según los intereses económicos y políticos de los partidos que controlan el Poder Judicial (Frente Sandinista, FSLN, y Partido Liberal Constitucionalista, PLC), coadyuvan a la corrupción judicial.
Varios entrevistados señalaron que “la ciudadanía enfrenta el problema de la retardación de justicia (con una) pésima atención a los usuarios, sistema judicial obsoleto y corrupción. Que el Poder Judicial carece de transparencia y honestidad, hay muchas quejas de la población acerca de la forma en que se imparte justicia y de que el gran problema del Poder Judicial radica en que sus miembros son personas comprometidas con partidos políticos y con los caudillos que tienen en sus manos los poderes del Estado (Daniel Ortega y Arnoldo Alemán).
La totalidad de las personas entrevistadas (litigantes, empresarios, periodistas, estudiantes, asesores judiciales, historiadores), de acuerdo con la investigación de DPLF, expresaron que la justicia se vuelve elitista, las decisiones que se toman están dirigidas por los operadores políticos, y que para lograr una decisión (resolución judicial favorable), la persona (el ciudadano nicaragüense) tiene que tener acceso al poder político.
Citan de ejemplo el caso del ex presidente y reo Arnoldo Alemán y su ex director general de Ingresos, Byron Jerez, quienes salían y entraban de la Cárcel Modelo según (los dictados de) la justicia sandinista.
Alemán es un reo que, en manos de los magistrados sandinistas, ha sido utilizado por el Frente Sandinista para obtener cuotas de poder, otorgándole o suspendiéndole el beneficio de convivencia familiar que le permite circular libre por todo el país, según le convenga a los sandinistas.
Sobre el aspecto ético de los funcionarios judiciales, refiere el estudio, una persona que trabaja en el Poder Judicial pero que pidió el anonimato manifestó que hace tiempo un empresario envió un televisor de grandes proporciones a cada magistrado de la Corte Suprema, pero sólo uno lo devolvió aduciendo que a él nadie lo compraba con algo tan barato, que tenía que ser algo más caro.
Otros entrevistados por DPLF ponen otro ejemplo interesante. Se refiere a un juez que recibe a unos narcotraficantes que le llevan 100 mil dólares para que libere a uno de sus allegados, y el juez se niega. Al día siguiente vuelven con el triple del dinero y el juez igual los rechaza.
Al tercer día vuelven a aparecer pero con el dinero multiplicado 10 veces. El juez los vuelve a rechazar, pero esta vez envía una nota a un magistrado de la Corte Suprema, padrino suyo (que lo ubicó como juez), y le dice que tiene miedo y que quiere que lo cambien de lugar, porque “los narcotraficantes están llegando a su precio”, refiere el estudio.
MECANISMOS DE CONTROL
El estudio de DPLF no sólo se refiere a la corrupción judicial, sino también a la forma en que el Poder Judicial trata de erradicarlo.
En Nicaragua existe el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que está formado por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en este caso los magistrado Manuel Martínez, Alba Luz Ramos, Edgard Navas y Marvin Aguilar.
También existe la Ley de Carrera Judicial, pero su normativa aún no es aprobada y es motivo de protesta por parte de jueces y magistrados, quienes actualmente mantienen paros escalonados para presionar la aprobación de la normativa.
Además, en 1998 se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que derogó a la Ley Orgánica de Tribunales de 1894.
Aún así, el estudio refiere que en ocasiones se utilizan estos mecanismos de control para someter a los jueces, quienes de no cumplir con orientaciones superiores al dictar sentencias, pueden ser removidos o destituidos de su puesto, violando así la independencia de los jueces.
TODOS QUIEREN INCIDIR
La magistrada sandinista Alba Luz Ramos, miembro del Consejo de Administración y Carrera Judicial, expresó que muchas personas e instituciones abogan por una independencia en el Poder Judicial, pero a la vez todo mundo quiere influir en el Poder Judicial a su favor.
“Quieren que sea independiente pero en el Poder Judicial quieren ejercer influencia no sólo los partidos políticos, también los grupos de poder económico, social y aún religiosos, todo el mundo quiere ejercer influencia. Si todo el mundo realmente quisiera que el Poder Judicial fuera independiente, nadie estaría llamando y presionando para que una sentencia salga en un sentido u otro, aún la opinión pública y aún los medios de comunicación que son hacedores de opinión, también quieren incidir en las decisiones judiciales”, expresó Ramos.
La magistrada Ramos agregó que los medios a veces escogen casos negativos que son aislados y con eso se quiere ejemplificar la actuación del Poder Judicial. No obstante, dijo: “Veo, y no puedo cerrar mis ojos, que existen jueces corruptos, que en los casos comunes y corrientes que son ese montón de casos que no se ven, que no son políticos, que nadie los toma en cuenta. Por unos pocos nos salpican a todos”.
Sobre los nombramientos de los magistrados, Ramos explicó que son políticos, “porque son cabeza de un Poder del Estado y los poderes del Estado son poderes políticos”. “Cuando han incorporado a organismos de la sociedad civil, tampoco ha dado el resultado que se esperaba, siempre hay manejo político por debajo”, dijo Ramos.
Sobre la forma de controlar la corrupción en el Poder Judicial, Ramos indicó que los jueces y los magistrados, según la Ley de Carrera Judicial, son responsables cuando dictan una resolución en contra de ley expresa, pero al mismo tiempo la Ley Orgánica dice que no se les puede exigir responsabilidad por sus criterios interpretativos porque son independientes.
