El presidente de la Corte Suprema de Justicia CSJ), magistrado Manuel Martínez, reveló que investigaciones en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa (RPPIMM) determinan que hay malos manejos e irregularidades en las finanzas y la actuación de algunos funcionarios.
La investigación fue basada en los resultados de una auditoría interna que la CSJ practicó el año pasado en el Registro Público de Matagalpa, donde detectaron una serie de irregularidades administrativas y financieras.
Un informe preliminar de la última auditoría, con fecha 19 de noviembre de 2007, incluye un parte policial que revela la identidad de varias personas presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de propiedades, falsificando documentos, sellos y firmas, entre otras cosas; además de un supuesto nexo de dos trabajadoras del Registro de Matagalpa con unos gestores implicados en actividades anómalas.
Antes de eso, la CSJ había practicado un examen especial sobre los fondos que en virtud de convenios recibió el RPPIMM de parte de 14 instituciones financieras que en una cuenta corriente abierta en el Banco de la Producción depositaron 148 mil 991 córdobas con 25 centavos entre noviembre del 2006 y el 21 de febrero del 2007.
“Ya hay una investigación, ya hay un conclusivo, pero no hemos tenido tiempo (para hacer el informe). Hay responsabilidades, hay malos manejos, en términos generales te puedo confesar que hay malos manejos, pero no te puedo entrar en detalles porque no lo he leído, pero sí las personas que están involucradas están cesanteadas, separadas ahorita y van a ser cesanteadas conforme a la ley”, dijo el magistrado Martínez a LA PRENSA.
SIN REGISTRO
El informe final de dicha auditoría, con fecha 17 de agosto de 2007, menciona que la cuenta corriente número 10010103088006 a nombre del Registro de la Propiedad de Matagalpa, ni siquiera estaba registrada en los estados financieros del Poder Judicial.
En su informe, el auditor interno de la CSJ, Vicente Mendiola Maravilla, señala que la auditoría consistió en “verificar el uso de los recursos que el Registro Público de Matagalpa ha recibido de la Asociación de Bancos Privados (Asobanp)”.
El magistrado Martínez confirmó que existe un convenio de colaboración con Asobanp, en el que la asociación bancaria paga directamente a varios amanuenses (empleados) para que se hagan cargo de inscribir las hipotecas de varios bancos cuando estos hacen préstamos a terceros, pero que esos empleados están bajo la autoridad de la CSJ.
“Nosotros tenemos nuestros empleados regulares que no dan capacidad para inscribir las cosas como deseáramos, entonces Asobanp tiene amanuenses pagados por ellos. Yo firmo el contrato con ellos pero sin responsabilidades laborales para la Corte, solamente para Asobanp”, dijo Martínez.
El presidente de la CSJ agregó que ese convenio con Asobanp es para todos los registros ubicados en los diferentes departamentos del país. También que ese tipo de acuerdo ha sido solicitado por las alcaldías de varios municipios.
El magistrado Martínez señaló que la próxima semana se va a trasladar a Bluefields, porque su colega el magistrado Francisco Rosales le ha informado que también hay denuncias por supuestas anomalías en el Registro de esa ciudad.
Sin embargo, el vocero de Asobanp, Gustavo Ortega, señaló que esa asociación “no tiene ningún convenio de colaboración con la CSJ relacionado con el Registro Público de Matagalpa”.
ANOMALÍAS
LA PRENSA tiene copia de los informes de ambas auditorías en las cuales el auditor interno de la CSJ, Vicente Mendiola Maravilla, concluyó que hubo un manejo “adecuado” y “razonable” de los fondos del Registro, aunque los hallazgos reflejan una serie de irregularidades.
Entre las anomalías destacan el despacho de órdenes de pago sin minutas de depósito y con datos insuficientes; ausencia del sello de anulado; ausencia del manual de funciones; desembolsos de una cuenta bancaria sin autorización del Registrador, falta de documentos en las operaciones financieras, debilidades de control interno, entre otras.
El informe final de la primera auditoría incluye tres convenios según los cuales el Registro de Matagalpa debía recibir 38 mil 500 córdobas mensuales de parte de las 14 entidades financieras con las cuales suscribió convenios, recursos que serían destinados al pago de salarios, bonos y viáticos a cinco amanuenses y a una conserje del Registro.
Los hallazgos indican que las planillas para esos pagos “no contienen las firmas autorizadas de los funcionarios competentes, la fecha de elaboración de la planilla y no se hicieron las retenciones de ley…”
El documento destaca que la falta de aplicación de esas retenciones “podría afectar los intereses económicos del Poder Judicial, ya que podrían efectuarse reparos de parte de la Dirección General de Ingresos (DGI); Instituto Nacional Tecnológico (Inatec), el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y otras instituciones”.
COMPROBANTES INCOMPLETOS
El informe de la auditoría detalla que el monto auditado por ingresos a la llamada “Cuenta Asobanp”, entre noviembre del 2006 y el 21 de febrero del 2007, fue de 148 mil 991 córdobas con 25 centavos y que los egresos en el mismo período fueron de 148 mil 991 córdobas con 15 centavos.
Pero, de los nueve cheques emitidos durante ese período, todos a favor de Elieta Matus López, sólo uno incluye el concepto de gastos y únicamente dos contienen solicitudes de emisión firmadas.
Sólo en diciembre del 2006 fueron emitidos cuatro cheques por un monto total de 70 mil 500 córdobas a favor de Matus, mientras que en enero del 2007 hubo otros tres cheques que sumaron 65 mil 670 córdobas a favor de la misma funcionaria.
“YO SÓLO ENDOSABA”
Recientemente, Matus dijo a LA PRENSA: “Yo nunca he recibido dinero. A mí me decían: ‘este cheque lo vamos a hacer a su nombre’, yo lo endosaba y yo no sé ni quién lo cobraba ni para qué ocupaban el dinero (…) Usted sabe que hubo cambio de registrador, entonces hubo cambio de esa cuenta y fue como por estos días (diciembre del año pasado) y no había alguien que nos hiciera los cheques”.
“Al quedarnos nosotros sin salarios, no podíamos, entonces tenía que haber alguien para que estuviera a nombre de él ese cheque, pues. Entonces yo lo que hacía era eso, que lo ponían a mi nombre, yo lo endosaba y después de ahí no sé nada”, agregó Matus, insistiendo en que ella nunca fue a cobrar ninguno de esos cheques al banco.
Del total de los egresos, durante el período auditado, las planillas de pago al personal contratado para prestar servicios a Asobanp sólo respaldaban 142 mil 230 córdobas con 80 centavos.
Esas “debilidades de control interno”, según el informe, fueron originadas “por la falta de capacitación de la señora Perla Marina Pérez Díaz, responsable de su custodia”.
Pérez dice que “en ese período que estuve a cargo, por orientaciones de mi jefe inmediato (la entonces registradora Yara Suyén Pérez Calero, hoy Intendente de la Propiedad) se libraron en total nueve cheques, de los cuales fue que se me auditó y salieron los 10 centavos a mi favor. A pesar de que no tuve orientaciones de cómo lo iba a hacer, sé que en ningún momento actué de mala fe”.
LA PRENSA ha intentado obtener una versión de la actual Intendente de la Propiedad, pero ha sido imposible hablar con ella, tanto en su teléfono celular, como en su despacho.
Mientras tanto, ese informe de auditoría concluye que “excepto por algunas debilidades de control interno que observamos y que revelamos en detalle en el punto de los hallazgos de este informe, el efectivo recibido y los desembolsos realizados de los fondos recibidos de Asobanp fueron manejados y utilizados razonablemente”.
LA OTRA AUDITORÍA
LA PRENSA también tiene copia de un informe preliminar de auditoría, con fecha 19 de noviembre de 2007, referido al examen especial sobre los ingresos generados por servicios al público durante el año 2006 en el Registro de Matagalpa, los cuales ascendían a casi 7.2 millones de córdobas que fueron depositados en la cuenta número 10012403048334 en el Banpro a nombre de la Tesorería General de la República (TGR) y/o CSJ.
Pero, la auditoría sólo pudo examinar el 61 por ciento de esos ingresos porque la documentación que respaldaría el restante 39 por ciento, equivalente a poco más de 2.8 millones de córdobas, “no fue posible localizarla”.
La documentación “que no fue localizada” correspondía a cinco meses de operaciones: enero, febrero, marzo, abril y agosto del 2006, cuando Mario Mejía Álvarez fungía como registrador en Matagalpa.
“De tal manera que en esos períodos no logramos satisfacernos sobre la razonabilidad de los ingresos que se recibieron en el Registro Público de Matagalpa”, detalla el documento, que también destaca: “No podemos asegurar que estas cifras sean reales, pues no obtuvimos ningún documento que respalde dichas transacciones financieras”.
A principios de diciembre recién pasado, Mejía mostró a LA PRENSA una carta que en noviembre del 2006 mandó al presidente de la CSJ, Manuel Martínez, en la cual refiere que “ante la ausencia de órdenes de pago es posible que no se encuentren, pues a veces el Registro no siempre contó oportunamente con dicha documentación, puesto que la administración de la Corte nunca mantuvo de manera permanente y continua el suministro de las mismas”.
El informe preliminar también se refiere al análisis sobre el manejo de la “Cuenta Asobanp”, en el Banpro y señala que los fondos “han sido utilizados para operaciones diferentes al destino de dichos recursos”.
“Se utilizó el efectivo para realizar desembolsos diferentes a los establecidos en el convenio (con Asobanp), como compras de licores, compras de obsequios y productos para consumos personales, pagos de incentivos, y dichos gastos no contaron con autorización previa del titular del Registro”, refiere el documento.
Pero la conclusión también es contradictoria con lo reflejado en los hallazgos, que dice: “Excepto por las debilidades de control interno señaladas en el punto de los hallazgos de este informe, los ingresos generados en el Registro Público de Matagalpa durante el período 2006, se han manejado y controlado adecuadamente y de conformidad con las normas legales relacionadas y vigentes en la Corte Suprema de Justicia”.
El 3 y 4 de diciembre recién pasados, LA PRENSA publicó dos reportajes sobre el informe preliminar de esa auditoría.
TRES CONVENIOS DIFERENTES
Existen tres convenios firmados entre el RPPIMM y 14 instituciones financieras, las que según los acuerdos deben aportar en conjunto 38 mil 500 córdobas mensuales, prácticamente pagando trámites de prioridad que, por el principio constitucional de igualdad ante la ley, son considerados como inconstitucionales.
Uno de los convenios fue suscrito entre el RPPIMM con el Banpro, el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), el Banco de América Central (BAC), tres sucursales de la Financiera Nicaragüense de Desarrollo (Findesa) y tres sucursales de Banco Procredit. Cada una debe pagar 3,500 córdobas mensualmente.
En tanto, las agencias del Fondo de Desarrollo Local (FDL) en Waslala, Matiguás, Río Blanco y El Tuma-La Dalia, aportarían 1,500 córdobas cada una; mientras que en virtud del tercer convenio, el Proyecto de Crédito Comunitario (Proafur) aportaría mil córdobas mensuales.
Los tres convenios, con un plazo de un año, entraron en vigencia en diciembre del 2006 y fueron firmados el 26 de noviembre de ese año por la entonces registradora y actual Intendente de la Propiedad, Yara Suyén Pérez Calero.
Cada convenio establece que los fondos serían usados para pagar a cuatro amanuenses cuyos salarios serían equiparados con los que paga el Poder Judicial, “pagándoles viáticos, transporte y decimotercer mes, de igual manera para otorgar mejores condiciones laborales a todos los trabajadores del RPPIMM y tener un fondo para casos de emergencia como enfermedades, muerte y otros imprevistos que ocurran a dicho personal”.
LOS CONTRATOS LABORALES
El informe de la primera auditoría también detalla la existencia de seis contratos individuales de trabajo para prestar el servicio convenido con las instituciones financieras, los cuales son cancelados con los fondos de la llamada “Cuenta Asobanp” por un monto mensual de 37 mil 422 córdobas con 25 centavos.
Los contratos, anexos al informe, detallan que los amanuenses Elieta Matus López, Daria Palma Cruz, Alex José Tórrez, Jaritza Chavarría Morraz y Jessika Bello Gutiérrez, devengaban un salario básico mensual de 3,724 córdobas con 45 centavos, pero tenían derecho a un bono por alimentación de 800 córdobas, un incentivo de mil córdobas y un bono productivo de 1,500 córdobas mensuales cada uno, para un total de siete mil 24 córdobas con 45 centavos por cabeza.
Bello Gutiérrez, junto a otros cuatro funcionarios del Registro están suspendidos de sus cargos desde el 26 de abril del año pasado por presuntas “faltas muy graves” en su desempeño.
El otro contrato corresponde al de la conserje Susana Zamora Jarquín, quien, durante el período auditado, devengaba un salario básico de 1,500 córdobas y tenía derecho a un bono de alimentación por 800 córdobas, para un total de 2,300 córdobas mensuales.
Esos contratos, suscritos el 20 de diciembre del 2006 por la ex registradora Pérez Calero y cada uno de los empleados, surtirían efecto a partir del primero de enero de 2007 con un plazo de un año.
