La querella por calumnias presentada en contra de LA PRENSA, por miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), fue tramitada por la misma directora de ese departamento, Elba Gaitán Delgadillo dando un trato bastante especial a la querella ya que no es usual que la Directora realice ese trámite.
Aún así, la querellá ingresó a un Juzgado pero fue remitida a otro “debido a un error del sistema informático de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) de los Juzgados de Managua”.
La causa ingresó el 21 de diciembre del pasado año, a las 3:07 p.m., y según Gaitán Delgadillo el sistema de Ordice debía tener bloqueado el ingreso de causas a todos los Juzgados que no estarían de turno durante el fin de año.
Sin embargo, la querella ingresó al Juzgado Séptimo Local Penal de Managua.
Los Juzgados Locales programados para trabajar durante el fin de año fueron el Quinto y el Octavo, por lo cual el juez Séptimo Local Penal, Henry Morales, se inhibió de conocer de la querella porque él estaría de vacaciones y por “celeridad procesal” pues según él, la causa una acción privada que tiene un plazo corto para ser tramitada judicialmente.
Este argumento ha sido rebatido por la abogada de LA PRENSA, Helga Asher, quien dijo que al no tener la querella pena carcelaria no había razón para la “celeridad procesal”.
VARIAS CASUALIDADES
La directora de Ordice explicó que fue ella quien recibió la causa, porque el día en que fue presentada, viernes 21 de diciembre del 2007, todos los trabajadores de esa oficina estaban de permiso para asistir a una marcha del Poder Judicial.
Relató que se quedó trabajando en la oficina y esperaba que los vigilantes no dejaran entrar a nadie, pero se sorprendió al ver a cinco mujeres con un abogado dentro de Ordice.
Las tuvo que sacar de la oficina porque es estrecha. “Ni podían firmar”, dijo la funcionaria al referirse a las querellantes.
Gaitán Delgadillo explicó que el sábado 22 de diciembre ella llegó a trabajar con unos datos estadísticos y de casualidad el juez Morales la vio, lo cual aprovechó para entregarle la querella y mediante un auto le pidió sortear de nuevo la causa.
Pero la querella no fue sorteada de nuevo porque, según Gaitán Delgadillo, fue enviada al siguiente Juzgado en relación al Séptimo Local, en este caso el Octavo Local, que de casualidad sí estaba de turno.
“Lo vi de lo más normal darle ese trámite”, dijo Gaitán, quien aseguró que esa acción no es anómala.
El jefe de Redacción de LA PRENSA, Eduardo Enríquez, contra quien está dirigida la querella, ese mismo sábado fue notificado de que la querella había caído en el Juzgado Séptimo Local Penal, pero ni él ni el presidente de la Junta Directiva de LA PRENSA fueron citados a audiencia mientras transcurrieron las vacaciones de fin de año del Poder Judicial.
Por este motivo fue inútil el esfuerzo del juez Morales, de inhibirse de conocer de la causa porque él estaría de vacaciones, si de todas formas el nuevo juez tampoco realizó audiencia, según indicó la abogada de LA PRENSA, Helga Asher.
La querella es presentada por cinco mujeres, integrantes de los CPC del Distrito Cinco de Managua, que acusan a LA PRENSA por calumnia, tras una nota publicada en el Diario por la golpiza que la seguridad personal del presidente Ortega le propinó al reportero Jorge Loáisiga.
Las mujeres querellantes se identificaron como Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, Marcia Auxiliadora Silva Marenco, Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez y Teresa del Socorro Muñoz, ninguna de ellas es mencionada en la nota.
LA PRENSA ya recusó al juez Octavo Local Penal, Celso Urbina.
SISTEMA SEGURO, PERO NO CONTRA CORRUPTOS
LA PRENSA consultó sobre la seguridad del sistema de distribución de causas con el Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial, a Emili Puñet, funcionario de Azertia Seintex, firma que instaló el sistema en los Juzgados de Managua y en el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
El ingeniero español indicó que el sistema de distribución de causas es seguro.
“Que pueda haber funcionarios corruptos no lo niego, eso está en el corazón de cada una de las personas, el hecho de que haya un sistema apoyando este modelo hará aflorar estas malas praxis, y quien sea, la Corte tendrá que tomar sus determinaciones”, expresó Puñet.
Al especialista español también se le consultó por lo ocurrido con la confirmación de sentencia por el TAM en contra del ex presidente y reo Arnoldo Alemán.
La defensa de Alemán presentó un recurso de amparo en contra de esa sentencia, cuando ya Ordice del TAM estaba cerrado, porque una funcionaria ingresó el escrito, el cual cayó en un tribunal dominado por magistrados liberales.
“El sistema de distribución, por ley y por su diseñó, no es manipulable, se puede hacer un mal uso del sistema de distribución, a lo mejor resulta que empleando alguna cosa para lo que no fue diseñado, se pudiera hacer un mal uso, yo no lo creo, sea como fuere, la firma no tiene ninguna constancia de este mal uso. El hecho de que una persona abra un sistema o alguna oficina fuera de hora, ese ya no es nuestro caso ni es nuestro tema”, expresó Puñet.
Siempre se había pensado que en muchos casos el sistema era manipulado porque las causas caían en juzgados donde era políticamente “conveniente” para alguna de las partes. Con la admisión de la directora de Ordice que puede bloquear algunos juzgados, la duda es mayor.
