El caos y la corrupción que predominan en el sistema de justicia de Nicaragua, ha trascendido las fronteras y daña severamente la imagen que nuestro país está proyectando hacia fuera, hacia los inversionistas internacionales, algo sumamente grave para nuestro futuro económico.
Por ejemplo, una de las noticias de portada del New York Times, en su edición digital del domingo 6 de enero, se refirió a la controversial decisión del Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG) que dejó en libertad a Eric Volz, luego de ser hallado culpable de asesinato en contra de la joven Doris Jiménez. El artículo, entre otras cosas, dice: “El caso se ha convertido en una disputa internacional como también en un espectáculo político y no se ha demostrado quién mató a la señorita Jiménez sino más bien que la justicia aquí (en Nicaragua) es un concepto nebuloso, subjetivo hasta el punto de la abstracción”. Luego de describir las irregularidades y contradicciones que generó la liberación de Volz, el artículo del The New York Times concluye: “Los que están seguros que el señor Volz asesinó a la señorita Jiménez así como los que insisten en que no lo hizo, coinciden en una cosa: el caso ha dejado al desnudo las deficiencias de la justicia en Nicaragua. Se cree que las decisiones son compradas y vendidas. Que la política infiltra los despachos de los jueces. La confianza en el sistema está por el suelo”.
Esto es totalmente cierto, a pesar de que algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua insisten en decir que el Poder Judicial está de maravilla, que no hay crisis y que los supuestos escándalos que se suscitan son producto de una campaña amarillista y de desprestigio de parte de los medios de comunicación nacionales, a los que hasta han llamado “terroristas”. Pero esto es querer tapar el sol con un dedo, porque los hechos hablan muy alto, y al respecto bastaría con recordar la precipitada e irregular resolución del recurso de apelación interpuesto por el abogado del doctor Arnoldo Alemán por la sentencia de veinte años de presidio por delitos comunes de corrupción.
Durante cinco años los magistrados orteguistas de la Sala Penal I del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) engavetaron el expediente. Pero esa retardación de justicia pareció poca cosa a Daniel Ortega y a la Corte Suprema, mientras Alemán mantuviera bajo su total control la bancada de diputados liberales en la Asamblea Nacional. Desde el 2005, el ex Presidente que ahora es reo común recibió el beneficio de régimen de convivencia familiar que le permitía movilizarse libremente por todo el país, incluso, asistir a eventos políticos. Pero cuando los diputados del PLC se rebelaron contra el pacto Alemán-Ortega, a finales del año pasado y se unieron con otras bancadas para formar el Bloque Contra la Dictadura, Daniel Ortega ordenó a sus magistrados del TAM ratificar de inmediato la sentencia del tribunal de primera instancia en contra de Alemán y la convivencia familiar le fue suspendida.
Recientemente, el 10 de enero, después que un diputado del PLC allegado a Alemán se reunió “a título personal” con Ortega, este informó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la Ley 630, la cual derogaba los CPC, y además declaró inconstitucional la Ley Marco. Por otro lado, desde esa misma fecha (10 de enero) Alemán volvió a gozar del régimen de convivencia familiar que le permite andar libremente por todo el país, interfiriendo en los esfuerzos unitarios de los dos partidos liberales.
De manera que ha quedado demostrado que la justicia y el derecho en Nicaragua son cosas secundarias, cuando están de por medio los intereses de los caudillos. Hay otros casos bochornosos en los que se ha visto envuelto el Poder Judicial —muchos de ellos desconocidos para la población— en los que prevalece el interés político y económico y no el respeto a las leyes. Es natural que una corrupción así de generalizada trascienda las fronteras cuando de pronto algún ciudadano o institución extranjera se ve involucrada o afectada.
No cabe duda, entonces, que como ha dicho el New York Times, la confianza en el sistema judicial nicaragüense está por el suelo.
