MADRID.- Un juez español, que el miércoles renunció a seguir su investigación iniciada en el 2005 sobre genocidio en Guatemala con sus autoridades ante su "negativa a colaborar", pidió la colaboración de medios de países vecinos, indicó una fuente judicial.
El juez Santiago Pedraz de la Audiencia nacional, principal instancia penal española, "deja sin efectos todas y cada una de las comisiones rogatorias libradas a Guatemala en esta causa", dijo la fuente a la AFP.
Pedraz explicó que tomó la decisión debido a la "negativa de las autoridades guatemaltecas a colaborar" con la investigación a pesar de los "múltiples" intentos por parte de la justicia española.
El magistrado precisó que queda demostrado "por parte del estado guatemalteco una clase de actitud dilatoria no sólo por la tardanza en la tramitación sino por problemas de firma" y que "con ello, Guatemala como estado incurre en una violación de la obligación asumida por todas las naciones civilizadas de prevenir y sancionar el delito de genocidio".
El presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Souhayr Belhassen, se congratuló por la "determinación" de la justicia española de intentar a pesar de todo "hacer juzgar los crímenes atroces cometidos durante la más grande y genocida dictadura de toda Latinoamérica en el siglo XX".
La FIDH indicó en un comunicado que los testigos solicitados por el juez español podrían ser canalizados a traves de organizaciones de la sociedad civil.
Pedraz se había hecho cargo de las investigaciones por el delito de genocidio referidas a la muerte de unas 200.000 personas durante los regímenes militares en Guatemala (1978-1986), tras una decisión de octubre del 2005 del Tribunal Constitucional que otorgó la competencia a la justicia española en materia de genocidios y crímenes contra la Humanidad cometidos fuera de España.
El 22 de febrero del 2006, la Audiencia nacional, principal instancia penal española, se declaró competente para investigar una denuncia por "genocidio" y "crímenes contra la Humanidad" contra regímenes militares en Guatemala entre 1978 y 1986, una causa iniciada por la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz 1992.
Pedraz tomó esta decisión después de que el Tribunal Constitucional guatemalteco anulara el 12 de diciembre el proceso judicial abierto contra cinco generales y dos civiles acusados de genocidio por la Justicia española, al considerar que España carece de jurisdicción para procesarles.
Pedraz, que aclaró que mantendrá "vigentes" las órdenes de captura de los acusados, pidió a los medios de comunicación de Guatemala y de los países limítrofes (México, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos) que publiquen una nota en la que pida que quien pueda aportar datos sobre el genocidio contra el pueblo maya, comunique cualquier información al juzgado "para continuar la investigación sobre estos crímenes".
El juez imputó por su presunta participación en el incendio de la Embajada de España en Guatemala del 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, al ex dictador guatemalteco Efrain Ríos Montt; al La acusación está dirigida al ex dictador Efraín Ríos Montt, contra los militares retirados Óscar Mejía Víctores, el ex presidente Fernando Romeo Lucas García, los ministros Ángel Aníbal Guevara (militar) y Donaldo Alvarez Ruiz (civil).
Asimismo inculpó al director de la Policía Nacional, Germán Chupina; al policía Pedro García Redondo y al jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García. Cerca de un millón y medio de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares y unos 150.000 buscaron refugio en México.
Unas 443 aldeas fueron borradas del mapa y se han contabilizado unas 667 masacres, añadió el auto.
En mayo de 2007, los diputados españoles instaron al gobierno español a colaborar en el esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil en Guatemala y que sus responsables respondan ante la justicia.
