Sandinistas y liberales acordaron que el recurso de amparo no procede contra el proceso de formación de las leyes, pero dejaron a salvo un recurso que sólo podrá ser presentado por los representantes de cada Poder del Estado que se sienta afectado por una determinada ley, imponiéndose así la propuesta del Frente Sandinista (FSLN) de reformar la Ley de Amparo que incluye el control previo a las leyes en determinados casos.
El acuerdo se realizó la tarde de ayer en el restaurante El Churrasco, de Carretera Norte, donde estuvieron reunidos, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado liberal José Pallais; el jefe de bancada del FSLN, Edwin Castro; el presidente de la Comisión Económica, Francisco Aguirre, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, Rafael Solís y Francisco Rosales.
“Que quede establecido en esta reforma a la Ley de Amparo, que el recurso de amparo no procede contra el proceso de formación de la ley y que vamos a desarrollar el recurso mal llamado innominado (recurso de competencia por conflicto entre poderes del Estado) para establecer cómo procede, cómo tramitar este recurso que ya está en la Constitución establecido y que se tramite en un plazo corto máximo de 30 días, para que los conflictos recurrentes de poderes que vienen sucediendo en los últimos años en el país no alarguen la agonía, no signifiquen mayor inestabilidad al país y tengan en este plazo prudencial corto de 30 días una solución satisfactoria, para que si se dan en el futuro no sigamos sometiendo al país a largas agonías y conflictos políticos innecesarios”, explicó el diputado Pallais.
Pallais manifestó que a partir de hoy inician con la redacción oficial de la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que deberá ser presentada a más tardar el lunes al menos por 33 diputados y tendría que ser aprobada por 56 legisladores.
La iniciativa también será consultada con las bancadas del PLC, FSLN, Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y la bancada Por la Unidad, debido a que buscan que el proyecto sea aprobado en consenso.
Sin embargo, si el Bloque Contra la Dictadura se mantiene con al menos 35 diputados podrían botar este acuerdo entre liberales y el FSLN. Todo dependerá de cuántos diputados se mantienen dentro del bloque, que ya ha sufrido deserciones.
Castro explicó que el conflicto de competencia entre poderes son las competencias que establece la Constitución Política de Nicaragua a cada Poder del Estado, y lo que se va a establecer en la Ley de Amparo, con la reforma, es cómo proceder con ese recurso, en una forma que sea rápida y que se permita la suspensión de los actos de cualquiera de los Poderes que originen el conflicto.
El vicepresidente de la Corte Suprema, Rafael Solís, señaló que los únicos que podrán presentar el recurso por conflicto de competencia entre poderes del Estado, van a ser los representantes de los mismos poderes del Estado.
Solís agregó que el criterio de la Corte Suprema fue, que los tiempos para tramitar dicho recurso deben ser cortos.
“Tanto para presentarlo como para solucionar el problema, como después cuando se establezcan los tiempos para la presentación de los recursos, los tiempos en que falle la Corte este tipo de recursos, para hacer que la Asamblea funcione bien, también debieran ser cortos, todo debiera ser corto para no caer en esta crisis y no volver a repetirla”, explicó Solís.
El diputado Pallais indicó que una interpretación auténtica, como la planteaba el Bloque Contra la Dictadura, estaba planteada dentro de una lógica en que no habría un acuerdo con el partido de Gobierno.
“Para dar una solución que sea viable, segura y aplicable de aquí al futuro y traer a Nicaragua mayor estabilidad, no hay nada mejor que una solución de consenso,”, expresó Pallais, quien aseguró que no existe “amarre político” en la decisión de reformar la Ley de Amparo.
