El sistema presidencialista es el único sistema de gobierno practicado desde la independencia política hasta ahora en Nicaragua, pero a pesar del tiempo transcurrido, el sistema no ha logrado instalarse adecuadamente, como sí ha ocurrido en otros países latinoamericanos. Esta simple realidad demuestra de inicio que el problema no radica necesariamente en el modelo, sino muy especialmente, en el caso de Nicaragua, en la cultura y dirigencia política que ha desvirtuado el sistema, como hará con cualquier otro, a través de la continua manipulación de las instituciones democráticas y reglas del juego. Pero esta manipulación ha resultado fácil de hacer por la debilidad con que se manifiestan los intereses de la ciudadanía nicaragüense que no parece aún dispuesta a reclamar el respeto que merece ni a ejercer la soberanía que le corresponde.
Por ello, y contrario a lo sucedido en otros países, en donde al consenso sobre el sistema y el respeto a las reglas del juego, siguió la gobernabilidad que permitió orientar los recursos y fuerzas disponibles hacia un mayor desarrollo económico y social, los líderes políticos, pero también las fuerzas sociales y actores económicos del país asumieron el sistema presidencialista (como los líderes de hoy han asumido la democracia) tan sólo del diente al labio, hecho que queda demostrado con la permanente actitud de rechazo al surgimiento de la institucionalidad y la preferencia que demuestran por las reformas continuas y viciosas a las múltiples constituciones políticas. De igual manera, en vez de fomentar la transparencia y valores cívicos, han promovido el clientelismo y la corrupción usando para ello la ignorancia o el adoctrinamiento, que no son lo mismo pero surten muy parecidos efectos.
Y este es precisamente el problema que enfrenta la sociedad en general y que deberían resolver en particular los políticos y fuerzas sociales nicaragüense de cualquier tendencia o facción, si realmente estuvieran interesados en solucionar los problemas de fondo y no en crearlos o maquillarlos, puesto que de no lograrse una solución pronta y satisfactoria a este problema, ningún otro sistema, llámese parlamentario, semipresidencial, monárquico, asambleísta dirigido o populista, que es lo más que se podría producir hoy día aquí, traerá mayor democracia, transparencia, inversión, trabajo, producción y desarrollo para la gente, sirviendo entonces cualquier nueva reforma al sistema tan sólo para vestir a la mona de seda.
Considero además, que ante la grave crisis social y económica que suma cada vez más en la pobreza a los nicaragüenses y las calamidades naturales que han afectado a miles de pobladores, resulta ofensivo dedicar tanto tiempo y recursos públicos para tratar de afinar, arreglar, forzar o como se le quiera llamar, lo que a todas luces será una nueva estafa política, planeada por gobernantes e interesados, en un burdo intento por imponer inconsulta e ilegítimamente (unas veces pactando y otras violentando las instituciones), un sistema pseudoparlamentario y pseudodemocrático con el que se intentará cimentar, aprovechando el control que los cabecillas ejercen por ahora sobre sus respectivos partidos, diputados y poderes públicos, la corrupción y el autoritarismo caudillista.
Este intento de reforma esconde el vicio de la reelección y el continuismo y aunque fallido en el 2007, sigue al acecho de la democracia y la modernidad, por lo que los ciudadanos nicaragüenses deben estar alerta y tener claro, de una vez por todas que, a pesar de todas las calamidades naturales y la miseria política y social existente, siguen siendo personas, y como tales merecedoras de todo respeto, respeto que es preciso exigir de los gobernantes y políticos en general.
Por ello sería un pequeño avance lograr al menos que se consultara de previo y en condiciones de libertad a la población, sobre cualquier reforma del sistema político.
Si hasta Venezuela pudo decidir, ¿por qué Nicaragua no podría?
