La situación del presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre Rivas, continúa sobre una vía llena de actos inicuos tanto del gobierno del presidente Daniel Ortega como de las autoridades sandinistas que ocupan cargos en distintas instituciones del Estado.
Ortega con sus militantes en las instituciones del Estado utilizan el derecho penal como máquina procesadora de carne de sus adversarios políticos para someterlos y en esa medida cometer actos arbitrarios en nombre del “pueblo presidente”.
El caso contra Eduardo Montealegre Rivas lo retomó el inspector general de la Fiscalía General de la República, Armando Juárez, de conocida trayectoria sandinista, mientras el propio fiscal Julio Centeno fue separado del mismo. Claro, ahora la fiscal adjunta, la sandinista Ana Julia Guido y el fiscal Juárez, arreciarán sus actos en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), que es donde implican al político de la ALN.
Cierto o falso todo lo que pasó con los Cenis es un asunto que los implicados deberán demostrar, no obstante, el pecado en este caso es la saña con que el Gobierno, con todo su aparato jurídico, político, económico y coercitivo, está actuando, de tal manera que el asunto se deslegitima, más cuando los sandinistas se centran en ver preso a Montealegre.
Montealegre está condenado a no ser candidato a alcalde de Managua, porque si gana las elecciones luego cae preso, porque no tendría inmunidad. Además, si renuncia a su inmunidad para ser candidato a la Presidencia de la República, también sería aprovechado por sus enemigos e iría a la cárcel.
Pero eso no es todo. Su situación ahora parece ser más precaria que la del ex presidente Arnoldo Alemán, quien a pesar de los chantajes de Ortega, con frecuencia logra negociar situaciones que lo sacan a flote. Pero a Montealegre lo adversan no sólo en el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sino diputados que estaban con la ALN y oportunistamente se fueron de esa bancada para crear la “Bancada por la Unidad” y desde ahí contribuir a las malsanas pretensiones de Ortega en contra de la estabilidad política de este país.
A lo anterior le podemos sumar la cantidad de delitos que podrían endosarle los sandinistas, para presionar fuerte a este dirigente político. Ortega quiere en la medida de lo posible tener atrapados a Alemán, Montealegre y cuantos sean posibles.
La amnistía para que Montealegre se salve de una carceleada ahora está difícil, porque el Bloque contra la Dictadura se está diluyendo y parece que el tiempo se venció para este tema, a menos que los disputados del PLC, la ALN y la “Bancada por la Unidad”, de Jamileth Bonilla, se unan e impulsen esta iniciativa y otras leyes que frenen al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Así es que las bases tanto del PLC como de la ALN no deben permitir que la unidad entre ambas fuerzas políticas se resquebraje por la situación de sus dirigentes políticos. No pueden perder la fuerza que se perfila para ganar la mayoría de las alcaldías del país. El FSLN no las tiene todas consigo por los errores que han cometido Ortega y sus compañeros gobernantes.
