El defensor del ex canciller de la república, Enrique Dreyfus, dijo que su cliente fue acusado en los tribunales de justicia para dañar su imagen, y presume que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratifica una condena por el delito de defraudación en contra suya, por intereses oscuros.
Dreyfus fue acusado por Harry Brautigam, presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Es del conocimiento público que mi defendido es una persona que le ha servido a la patria, tanto como ministro de Relaciones Exteriores, como también director por la república de Nicaragua ante el BCIE. Es ex presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin), ex presidente y fundador del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (Inde), ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), un férreo defensor de la democracia y del sector privado nicaragüense”, dijo el abogado de Dreyfus, Carlos Arroyo.
El defensor del ex canciller indicó que se trata de empañar la imagen de Dreyfus con una acusación por siete supuestos delitos presentados por Harry Brautigam y que a su defendido se le impuso una insólita sentencia, en octubre del 2005, en el Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua.
EL DELITO
A Dreyfus Morales se le acusó inicialmente por los delitos de defraudación, usurpación del dominio privado, delitos contra la administración de justicia y falso testimonio.
Una propiedad ubicada en Carretera Sur fue la manzana de la discordia entre el ex canciller Dreyfus y Brautigam, la cual ambos se adjudicaban.
Según la acusación de Brautigam, esa propiedad estaba siendo usurpada por Dreyfus.
El expediente del litigio de propiedad apareció mutilado, de lo cual Brautigam responsabilizó a Dreyfus, por lo que se le señaló por delito contra la administración de justicia, según indicó Arroyo.
Pero Arroyo logró al final que Dreyfus sólo fuera procesado por el delito de defraudación, quitándole de encima las demás imputaciones.
La abogada de Brautigam, Jeaneth Fonseca Villalta, dijo en la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que el delito de defraudación fue plenamente demostrado mediante inspección ocular realizada por el titular del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua.
También por un dictamen parcial evacuado por expertos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), donde se menciona expresamente que existe un certificado catastral librado en 1978 a favor de Brautigam y que demuestra que su representado era dueño del terreno en litigio antes del ilícito supuestamente cometido por Dreyfus.
La representante del Ministerio Público, María Francis Sevilla, también se refirió en los mismos términos que la acusadora particular.
Indicó que la sentencia condenatoria a Dreyfus está ajustada a Derecho, porque se demostraron los dos pilares fundamentales de todo el proceso criminal. Pero Arroyo insistió en que Dreyfus fue condenado injustamente, mediante un juicio ilegal, arbitrario y violatorio de sus derechos individuales.
Arroyo defendió a Dreyfus alegando que la acusación no era clara en cuanto a en qué consistía la defraudación y tampoco especificaba cuándo ni cómo había ocurrido el mencionado delito.
