El representante legal de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, ratificó ayer ante la Fiscalía su denuncia en contra de nueve activistas de la Red de Mujeres Contra la Violencia, por haber incurrido en supuestos delitos tras la violación y posterior aborto promovido en contra de “Rosita”.
En una entrevista a la que acudió ayer Petray ante la fiscal auxiliar Mirna Siles Herrera, este sostuvo su denuncia en contra de María Luisa Molina Argüello, Juana Antonia Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizarro, Martha María Blandón, Martha Munguía, Norla Norori Gutiérrez, por hechos cometidos en perjuicio de “Rosita”.
En la entrevista ante el Ministerio Público, Petray señala que introdujo la denuncia por los supuestos delitos de encubrimiento de violación, asociación para delinquir, en contra de la administración de justicia y por apología del delito, porque existen presunciones fundadas en los hechos denunciados.
Según Petray, acudió al Ministerio Público porque a su criterio las denunciadas supuestamente “se convierten en cómplices y encubridoras del delito de violación”.
La Red de Mujeres Contra la Violencia ha insistido a raíz de conocer esta intención, que la denuncia presentada ante la Fiscalía en contra de nueve de sus integrantes tiene como fin deslegitimarlas y desacreditarlas.
A mediados de diciembre pasado, integrantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia y de la Coordinadora Civil, realizaron un plantón frente a la Fiscalía General de la República, en Managua, exigiendo el desconocimiento de la acusación que existe contra las nueve mujeres.
Las reclamantes demandaron a la Fiscalía, profesionalismo en la decisión que vaya a tomar, con decisiones que favorezcan a las mujeres y a la ciudadanía de manera equilibrada.
En entrevista con la Fiscalía, Petray dijo ayer que en representación de la Asociación de Derechos Humanos ratifica la denuncia interpuesta en el Ministerio Público, sobre los nuevos hechos recientes conocidos del que se conoce que el padrastro de “Rosita” fue condenado por el delito de violación y que fue quien provocó el primer embarazo de la niña.
A criterio de Petray, las denunciadas se convierten en supuestas “cómplices y encubridoras del delito de violación, al seguir defendiendo sus propios fines pro aborto, asociándose ellas mismas a cometer el delito y hacer apología del mismo”.
“Nosotros entendemos y hemos visto el grado de peligrosidad y de responsabilidad de la misma porque el victimario ahora acusado y confeso en un juicio criminal en Masaya, según el expediente 02-080523-07PN, expresa que se mantuvo en convivencia con su víctima gracias a las gestiones de la Red de Mujeres, quienes lo vinieron apoyando desde el año 2003 económicamente y mantuvieron oculto a él, a la niña y a la madre”, señaló Petray a la fiscal auxiliar.
Durante su entrevista, el representante de la ANPDH solicitó a la Fiscalía que “ejerza debidamente la acción penal” en esta ocasión, pues considera que con esta nueva denuncia de los nuevos hechos, la institución debe haber superado los obstáculos “que le impidieron cumplir con su deber en el año 2003 por el aborto cometido en perjuicio de la menor”, producto de una violación en Costa Rica.
