La querella por calumnias presentada por cinco mujeres miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del Distrito Cinco de Managua, en contra de LA PRENSA, fue sorteada por la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) de los Juzgados de Managua y cayó en el Juzgado Séptimo Local Penal.
Pero el titular de ese Juzgado, Henry Morales, lo remitió al Octavo.
La excusa que dio el juez Morales, con fecha 22 de diciembre pasado, se basa en que él iba de vacaciones y que la Constitución dice que todo procesado tiene derecho a ser juzgado sin demora.
Pero la querella fue trasladada al juez Octavo Local de lo Penal de Managua, Celso Urbina, sin ser sorteada de nuevo en el Ordice. Urbina es el juez que enjuició a Armel González por denunciar por extorsión al ex diputado sandinista Gerardo Miranda.
El juez Urbina dijo a LA PRENSA que sobre ese asunto no podía dar respuesta, pues a él no le compete la parte administrativa de los expedientes, según el nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial.
LA PRENSA llamó al juez Morales, pero en su casa dijeron que no se encontraba.
Según Helga Asher, abogada de Chamorro y Enríquez, el juez Morales no se inhibió de conocer sobre la causa, como lo establece el Código Procesal Penal (CPP), pues los procesos no están al arbitrio de los jueces.
Asher indicó que la querella de calumnia es de acción privada y no conlleva pena privativa de libertad individual sino que la posible sanción es una multa, por lo que es ridículo excusarse argumentando celeridad procesal.
Las cinco mujeres que acusan a LA PRENSA por calumnia, tras una nota publicada en este Diario por la golpiza que la seguridad personal del presidente Daniel Ortega le propinó al periodista Jorge Loáisiga, aseguran que van hasta el final del proceso judicial.
JUICIO POLÍTICO
Las querellantes son miembros de los controversiales CPC de Ortega y se identifican como Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, Marcia Auxiliadora Silva Marenco, Ana Lisbeth Villalobos Gutiérrez y Teresa del Socorro Muñoz.
“Lo que nosotros queremos es que la dignidad de las personas, de los miembros de los CPC, de miles de ciudadanos que están participando a través de este medio de democracia directa que el nuevo Gobierno está permitiendo al pueblo, es para que no se les equipare (compare) como que son un grupo de pandilleros o delincuentes”, sostuvo Eduardo Mejía, abogado de las mujeres.
La querella adquiere connotaciones políticas debido a que los CPC son un brazo político del Frente Sandinista (FSLN), partido del presidente Daniel Ortega, según consta en documentos partidarios.
NO SE MENCIONAN NOMBRES
Enríquez dejó claro que los nombres de las señoras demandantes no aparecen en por ninguna parte en la nota, por lo que no puede constituir calumnia,
Ante la pregunta de los medios oficialistas sobre qué pasaría si LA PRENSA sale culpable en este juicio, Enríquez respondió:
“Si sale culpable LA PRENSA, bajo la misma premisa, yo al día siguiente demando a Daniel Ortega porque (aunque no ha mencionado mi nombre) me ha dicho hijo de Goebbel, me ha dicho nazi, me ha dicho terrorista, así que yo tendría mi denuncia por calumnias en contra del compañero-comandante-pueblo presidente Daniel”.
