El Bloque Contra la Dictadura, integrado por diputados opositores al Gobierno de Daniel Ortega Saavedra, sostiene que impedirá que fondos del Presupuesto General de la República del 2008, sean destinados a financiar la campaña electoral de su partido en las próximas elecciones municipales y los gastos de la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
De acuerdo con el jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez Martínez, en el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República del 2008 que Ortega Saavedra envió a la Asamblea Nacional, “hemos encontrado lo que llamamos la ‘huaca de Ortega’, que son entre 650 millones y 700 millones de córdobas que él quiere le sean aprobados”.
“Pero nosotros consideramos que ese dinero es para financiar a los Consejos de la pareja presidencial (Consejos del Poder Ciudadano, CPC) y para financiar la campaña electoral de este año, obviamente la campaña de su partido”, dijo Rodríguez.
El diputado matagalpino dice que la “huaca de Ortega” está incluida en diferentes rubros y ejemplificó que en el Proyecto de Ley del Presupuesto, el Presidente sandinista solicita una partida de 1.5 millones de córdobas para pagar el alquiler de las oficinas que ocupa en la Secretaría del FSLN.
“No se puede permitir ese tipo de situaciones”, dijo Rodríguez, señalando que tampoco aprobarán una asignación de casi 19 millones de córdobas que Ortega solicita para “gastos básicos”.
“No podemos asignar esa cantidad de recursos cuando hay una confusión: que el agua de la Secretaría del Frente Sandinista y toda la estructura del Frente Sandinista la pagan con fondos del erario público, igual pasa con la luz, el teléfono. En ese sentido, en el Bloque Contra la Dictadura estamos tratando de que la ejecución del Presupuesto del año 2008 sea de manera transparente en todas las instituciones del Estado, y el Poder Ejecutivo no es la excepción”, señaló Rodríguez.
Los recursos detectados en la “huaca de Ortega”, según Rodríguez, “los estamos asignando a Salud, Educación, para darle un aumento entre el 18 y el 20 por ciento a los trabajadores de la Salud y de la Educación, igualmente para la compra de medicinas”.
Rodríguez dice que con las reformas que está haciendo el Bloque Contra la Dictadura, el Presupuesto sería aprobado a más tardar el 20 de enero próximo.
MINUCIOSO ANÁLISIS
El presidente de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, considera que se debe hacer un minucioso análisis al Proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo, aunque dijo que no tenía conocimiento de lo expuesto por Rodríguez.
“Tenemos que ver bien esos números, yo no los he visto, no me los han presentado, vamos a verlos, si están ahí, hay que cambiarlos y redirigirlos a la población, si es otra cosa, tendrá el Ministerio de Hacienda que dar las explicaciones correspondientes”, estimó Montealegre.
Recordó que miembros de la comisión especial que analiza la Ley de Presupuesto y designada por el bloque opositor, se reunió anteriormente con representantes del Ministerio de Hacienda, por lo que en los próximos dos días presentarían un informe de los resultados sobre ese encuentro.
Ante la posibilidad de que los fondos identificados, según Rodríguez, en el Proyecto de Presupuesto para financiar la campaña electoral edilicia del Frente Sandinista y los polémicos CPC, Montealegre dijo que eso es lo que se pretende evitar.
“Porque sí vemos con preocupación, la partidización del Estado, del Presupuesto, de la Presidencia de la República, es una clara tendencia que el Presidente de la República sólo está gobernando para un sector, para consolidar no al Frente Sandinista sino su propio poder alrededor de él y de su esposa, inclusive los mismos sandinistas están molestos”, expresó Montealegre.
El PLC, en su comunicado oficial, en el informe que solicitará al presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Francisco Aguirre Sacasa, sobre su reunión con Ortega, analizará las modificaciones que se le podrían realizar al Presupuesto General de la República del 2008, sin que esto afecte el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de esa manera garantizar la estabilidad económica del país, que evite “la profundización de la actual crisis política institucional que atraviesa el país como resultado del comportamiento dictatorial del presidente Ortega”.
