El mejor instrumento político para derrotar las pretensiones de Daniel Ortega de reinstaurar una dictadura en Nicaragua es el mismo que él aprovechó habilidosamente para recuperar el poder presidencial: las elecciones y el voto popular.
Tal como ha quedado demostrado en el primer año del nuevo gobierno de Daniel Ortega, el control que este tiene sobre el Poder Judicial gracias a que Arnoldo Alemán y el PLC se lo entregaron de manera vergonzosa, le permite neutralizar a la mayoría opositora que hay en la Asamblea Nacional. Por eso es que Ortega ha podido anular la ley que aprobó la Asamblea Nacional para quitarle el carácter gubernamental a los CPC; hace lo que le da la gana con Arnoldo Alemán; intimida al líder de la ALN, Eduardo Montealegre, con la amenaza de juicio y cárcel por el caso de los cenis; y, en fin, prácticamente está determinando las reglas del juego político gubernamental.
El presidente Ortega podría incluso invalidar las reformas constitucionales del 2005, las cuales de entrar en vigor le quitarían atribuciones presidenciales muy importantes. En efecto, antes de que entren en vigencia, el próximo 20 de enero, al expirar la ley marco que las ha mantenido suspensas durante dos años, dichas reformas podrían ser declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia integrada irregularmente, sin la presencia de los magistrados liberales, sólo con magistrados sandinistas.
Sin embargo Daniel Ortega no podría hacer nada contra el voto popular, siempre y cuando las elecciones sigan siendo libres y limpias, es decir, que Ortega no pueda usar su poderosa influencia política y económica para imponerse en lo sucesivo mediante fraudes electorales. En realidad, si los partidos de oposición se unen para la contienda electoral sólo con un fraude Daniel Ortega y su partido podrían ganar las elecciones municipales del 2 de noviembre de este año. Tal como hemos señalado en ocasiones anteriores, tanto por las cifras electorales anteriores como por lo que indican y confirman las encuestas políticas, si los dos partidos liberales (ALN y PLC) se unifican en una sola fuerza electoral derrotarían fácilmente al FSLN de Daniel Ortega en la mayoría de los municipios del país. Y si la alianza electoral democrática fuese total, es decir, si los dos partidos liberales se unen electoralmente con la Alianza MRS, Ortega y sus seguidores no podrían escapar de una aplastante derrota que los obligaría a desalojar los gobiernos municipales de casi todo el país, incluyendo los de las plazas fuertes de Managua, Matagalpa, León, Chinandega y Granada.
La elección municipal del próximo mes de noviembre no será una contienda electoral común y corriente. Por el contrario, constituirá un gran plebiscito popular sobre el gobierno de Daniel Ortega y será además la mejor oportunidad para derrotar de manera contundente las pretensiones orteguistas de restablecer la dictadura en Nicaragua.
Cabe señalar, a propósito de la próxima conmemoración del trigésimo aniversario del asesinato político del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que Nicaragua se encuentra actualmente ante una situación en la que, para decirlo con las propias palabras del Director Mártir de LA PRENSA y Mártir de las Libertades Públicas: “La unidad de todo el pueblo, de todos sus sectores económicos, políticos y sociales, para luchar por la democratización de Nicaragua, es el mandato de nuestra historia y la exigencia apremiante de las circunstancias que vive el país”.
Si es cierto que la ALN, el PLC y la Alianza MRS luchan por la democracia, tienen la obligación política y moral de atender ese llamado vehemente del doctor Chamorro Cardenal, y por tanto deben cumplir con el mandato de la historia y la exigencia apremiante de las circunstancias, el cual es forjar la gran unidad para luchar contra las pretensiones dictatoriales de Daniel Ortega. En ese sentido, nos parece que el acuerdo de una fórmula para la candidatura edilicia en Managua integrada por Eduardo Montealegre, de la ALN, para alcalde; alguien del PLC para vicealcalde y un representante del MRS para primer concejal, le daría una gran consistencia al compromiso unitario y transmitiría un claro mensaje de que la oposición va por el camino correcto, que es el que conduce a la recuperación de la república democrática y a la derrota de la nueva dictadura que está en proceso de desarrollo.
