La Asamblea Nacional no aprobó el Presupuesto del 2008 en la primera quincena de diciembre como se tenía pensado. Y no aprobó esta ley —normalmente la más importante del año— por indolencia. No se aprobó a propósito. Como presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, sentí que no podía impulsar un dictamen para el Presupuesto como que si nada pasaba, como que si todo estuviera normal, en medio de una profunda crisis política que amenazaba —y amenaza— a nuestra democracia representativa y al orden constitucional. Hubiera enviado una señal equivocada a la sociedad nicaragüense. Por otro lado, el haber remitido el Presupuesto al plenario en el ambiente apasionado que vivía la nación hubiera sido irresponsable por una segunda razón. Se hubiera desatado un debate destructivo en el hemiciclo con un riesgo real de que los diputados hubieran votado modificaciones populistas al Presupuesto —que es básicamente bueno— que nos hubieran sacado del programa con el Fondo Monetario (FMI). Esto, a su vez, nos hubiera costado el aval del FMI y hubiera resultado en una fuerte reducción en la ayuda externa sin la cual nuestra economía sencillamente no es viable.

Ahora bien, la no aprobación del Presupuesto no significa que la república no tiene recursos este año ni que el Gobierno tendrá que cerrarse. Todo al contrario. Conforme a la Ley 550, al no aprobar la Asamblea el Presupuesto de este año, automáticamente entró en vigencia el primero de enero el Proyecto de Presupuesto que el presidente Ortega envió a la Asamblea en octubre. Por esto, algunos piensan que la oposición le hizo el juego al comandante Ortega al no aprobar el Presupuesto. Pero se equivocan estas personas porque la aprobación del Presupuesto por los diputados es un sine qua non para cumplir con las metas de desempeño contenidas en el programa con el FMI. Sin Presupuesto aprobado, Nicaragua sale del acuerdo con el FMI, y sin acuerdo con el FMI la mayoría de los donantes tradicionales recortarán su ayuda a Nicaragua comenzando con los fondos de rápido desembolso incluyendo más de US$100 millones en apoyo presupuestario para el 2008. Las consecuencias de esta reducción serían catastróficas para Nicaragua que tiene veinte años de ser el país más dependiente de la ayuda externa del mundo.

En pocos días, la Asamblea sesionará de nuevo y a finales de febrero, el FMI enviará una misión a Nicaragua para evaluar el avance de nuestro programa económico y financiero. Si para esa fecha aún no está aprobado un presupuesto sensato, será porque el país seguirá inmerso en una profunda crisis constitucional y de gobernabilidad. Será por el irrespeto del Gobierno a los pesos y contrapesos que establece nuestra Constitución Política y por el empecinamiento del Ejecutivo de emascular la Asamblea Nacional, el único Poder del Estado que no controla. Será por la política de la Administración Ortega de amedrentar a sus críticos, de adueñarse de todas las palancas del poder institucional para establecer una dictadura y por la ausencia de un Estado de Derecho en Nicaragua, comenzando con la inexistencia de un sistema judicial imparcial y apegado a la ley.

Frente a esta triste situación, el FMI no tendrá más remedio que confirmar que el programa macroeconómico de Nicaragua está descarrilado. Pero también constatará algo aún más grave: que la democracia y gobernabilidad en el país está en grave peligro. Y tanto el FMI como las otras instituciones financieras internacionales y los donantes bilaterales valoran la gobernabilidad y democracia y las consideran esenciales para la bienandanza de la nación. Por eso, los técnicos del FMI se verán obligados a reportar esta situación a su directorio que, a su vez, se verá obligado a oficialmente suspender o cancelar su programa con Nicaragua. Y sin el aval del Fondo, el resto de los donantes tradicionales comenzarán a cortar su ayuda a Nicaragua. Así funciona la solidaridad entre donantes. Así funciona el mundo real.

¿Es muy tarde para evitar este escenario devastador que echaría al traste el loable trabajo que el equipo económico del Gobierno ha hecho para lograr un acuerdo con el FMI? Quisiera pensar que no. Pero para evitarlo, sigo insistiendo en algo que dije en una entrevista a comienzos de diciembre. El Gobierno y la oposición tendrán que emprender un derrotero que nos aleje —por el bien de Nicaragua— de la orilla del precipicio. Primero, tendremos que declarar un cese de fuego político y bajarle el gas al discurso incendiario que, desgraciadamente, algunos políticos manejan y que sólo envenena el ambiente. Segundo, se tendrá que regresar al status quo que existía antes de que un Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un recurso de amparo en tiempo récord prácticamente anulando el rechazo al veto presidencial de la ley que la Asamblea aprobó aclarando las facultades de los CPC. Este retorno al status quo podría darlo un fallo de la Corte Suprema en pleno, apegado estrictamente a la Constitución Política y al Derecho. Y, tercero, se tendría que comenzar a negociar inmediatamente, de buena fe y sin exclusiones, un acuerdo de gobernabilidad que le aseguraría su espacio a los diferentes poderes del Estado y que fortalecería nuestra democracia.

Lograr estos tres pasos en el poco tiempo que queda representa un tremendo desafío para la clase política nicaragüense. No será fácil y requerirá de una fuerte dosis de madurez, patriotismo, humildad, buena fe y visión de nación. Pero la alternativa —el desmoronamiento de nuestra economía y de nuestra democracia— es tan horrorosa que es inconcebible. Todos estamos obligados a emprender el sendero de un acuerdo de gobernabilidad lo antes posible.