Una de las condiciones indispensables para que funcionen apropiadamente la democracia y el Estado de Derecho, es la existencia de una policía profesional, apolítica y apartidista, consagrada a proteger a todos los ciudadanos, capaz de garantizar la seguridad pública para todos y que bajo ninguna circunstancia se preste para reprimir a las personas que ejercen sus derechos humanos y políticos en el marco de la ley.
Durante las dictaduras somocista y sandinista del siglo pasado, como no había democracia en Nicaragua tampoco existía una policía profesional, apolítica y apartidista. En aquellos regímenes despóticos, la policía más que un cuerpo coercitivo contra los delincuentes era un aparato represivo, de vigilancia e intimidación contra los opositores y los inconformes. En ambos casos, el somocista y el sandinista, la policía era un cuerpo uniformado y armado al servicio de los gobernantes, no de la sociedad. Los Somoza y los comandantes del FSLN se enjuagaban la boca hablando de democracia y libertad, de proteger la paz y “cuidar la alegría del pueblo”. Pero en la cruda realidad, durante el somocismo la policía era la misma Guardia Nacional pretoriana, mientras que en la dictadura del FSLN era un instrumento de represión política. Y tan sometido estaba ese cuerpo policial al partido gobernante, que se hacía llamar “Policía Sandinista”.
Sólo a partir del triunfo electoral de las fuerzas democráticas, en 1990, después que los comandantes del FSLN contra su voluntad tuvieron que entregar el Gobierno, se creó la posibilidad de formar una policía profesional, apolítica y apartidista; que estuviera realmente al servicio de todos los ciudadanos y no de un partido, de toda la sociedad y no sólo de los gobernantes; que fuera guardiana celosa de la seguridad pública y represora de la delincuencia, pero no represiva de las personas que ejercen sus derechos humanos y constitucionales. Y para lograr esa especie de milagro institucional, fue necesario que la policía se sometiera a un proceso profundo e integral de institucionalización y democratización, de despolitización y despartidización, comenzando por dejar de llamarse Policía Sandinista, es decir, al servicio del partido FSLN, y pasar a denominarse Policía Nacional, o sea de todos y para todos los nicaragüenses.
Durante más de quince años este proceso de profesionalización policial aun con sus altibajos se desenvolvió de manera exitosa. La Policía Nacional, lo mismo que el Ejército de Nicaragua que se sometió a un proceso de institucionalización y profesionalización igual o muy parecido al de la entidad policial, se ganaron la confianza y el respeto de toda la sociedad y pasaron a competir en credibilidad de la población con la Iglesia católica y los medios de comunicación.
Lamentablemente, al regresar Daniel Ortega al poder presidencial ha venido con todas sus antiguas mañas politiqueras y vicios totalitarios. Por eso quiere revertir el proceso de profesionalización de la Policía Nacional, volver a hacer de ella una guardia pretoriana al servicio de la autocrática familia gobernante. Pero eso es algo que las fuerzas democráticas no deben permitir. Hay que defender a la Policía Nacional que es de todos los nicaragüenses. Es necesario impedir que vuelva a ser un siniestro aparato policial al servicio de Daniel Ortega y sus seguidores, y represivo contra todos los demás nicaragüenses.
En una sociedad libre y fundada en instituciones democráticas, la policía debe ser incuestionable en lo ético, eficiente en lo profesional y respetuosa absoluta de los derechos humanos de todas las personas. Esto es indispensable para que la policía sea reconocida y respetada por la sociedad. Lo peor que le puede pasar a una entidad o cuerpo policial es que haya desconfianza y falta de credibilidad hacia ella de parte de los ciudadanos. En una sociedad democrática la ciudadanía tiene que estar completamente segura de que la policía vela por su seguridad y que lo hace con convicción, profesionalismo y entera honestidad.
“La política es la fatalidad”, dijo Napoleón Bonaparte a Johan Wolfgang Goethe, en la conversación que ambos personajes históricos sostuvieron en Weimar, cuando el emperador francés pasó por aquella ciudad alemana. Y eso, la fatalidad de la política, es aplicable sobre todo a la politización de instituciones como la policía, que por su propia naturaleza en una sociedad democrática debe ser profesional, apolítica y apartidista.
