Las sanciones económicas son un recurso político que utiliza la comunidad internacional para tratar de corregir y castigar a los Estados cuyos gobernantes rompen las normas de gobernabilidad democrática, violan los derechos humanos y alteran la convivencia pacífica interna y exterior. Tal es el caso de Nicaragua actualmente, bajo el gobierno de Daniel Ortega, al que Estados Unidos y la Unión Europea le están suspendiendo la ayuda financiera porque ha violado las condiciones contractuales de la cooperación externa, al atropellar los derechos humanos de los nicaragüenses y perpetrar el escandaloso fraude electoral del 9 de noviembre pasado.
Los donantes y cooperantes externos, ya sean gobiernos u organismos internacionales, tienen la facultad de suspender o de suprimir la ayuda a aquellos países cuyos gobiernos no cumplen las condiciones que se comprometieron a respetar, para poder recibir el apoyo financiero extranjero; gobiernos que más bien violan y atropellan los principios y las normas básicas de la convivencia nacional e internacional, como por ejemplo, en el caso de Daniel Ortega, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Lo que no está claro y sigue siendo motivo de discusión, es si las sanciones económicas resultan realmente eficaces, si cumplen el objetivo propuesto por quienes las imponen o más bien son perjudiciales, y a la larga, más dañinas para el pueblo del país sancionado que el mal que se pretendió remediar.
El Instituto de Economía Internacional, que es una institución norteamericana no gubernamental, de carácter académico, independiente y sin fines de lucro, realizó en el año de 1999 un estudio sobre las sanciones económicas que la comunidad internacional impuso a diversos países durante el siglo XX. De aquel estudio se derivó la conclusión de que sólo el 38 por ciento de las sanciones económicas había tenido eficacia; y que un 60 por ciento de las sanciones fueron impuestas de manera unilateral por Estados Unidos , el país que más utiliza este recurso coercitivo de política internacional. La política exterior de sanciones económicas que aplica Estados Unidos, se inspira al parecer en una especie de declaración de principios sobre la materia que proclamó Woodrow Wilson (1856-1924), quien fuera Presidente de esa gran potencia durante los años de la Primera Guerra Mundial. “Una nación boicoteada es una nación a punto de la rendición —aseguró Wilson— . Apliquemos este remedio pacífico, silencioso y económico, y no será necesario el uso de la fuerza. La aplicación de un boicot no supone la pérdida de vidas fuera de la nación boicoteada, y al mismo tiempo es un elemento de presión al que, a mi juicio, ninguna moderna nación se puede oponer”.
Sin embargo, otro gran estadista norteamericano, John Foster Dulles (1888-1959), quien fuera Secretario de Estado entre 1953 y 1959, en el gobierno del presidente Dwigt Eisenhower, sostuvo una posición contraria a la de Wilson, al decir que las sanciones económicas suelen perjudicar más a los inocentes que a los responsables políticos de las agresiones. Dulles tenía razón. Así se ha podido comprobar en el caso de Cuba, cuyo gobierno fue sancionado económicamente por Estados Unidos desde hace 47 años, pero el que ha sufrido las privaciones materiales por el castigo ha sido el pueblo cubano, mientras la tiranía castrista ha permanecido inconmovible y Fidel Castro se ha convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, si no por sus propiedades personales porque de hecho es el dueño de todo lo que hay en Cuba, hasta de la vida y el libre albedrío de los cubanos.
En realidad, las sanciones económicas sólo pueden ser eficaces si el gobernante del país sancionado reacciona positivamente y corrige las malas acciones que motivaron la suspensión de la ayuda externa. Pero si el gobernante sancionado es un irresponsable obcecado, si es un violador compulsivo y vicioso de las reglas democráticas de gobierno y de los derechos humanos de sus gobernados, entonces las sanciones económicas resultan ineficaces. Incluso pueden empeorar la mala situación del país y de su población, que al fin y al cabo es la que verdaderamente tiene que sufrir por la suspensión y la ausencia de los programas de asistencia económica y ayuda financiera externa.
En todo caso, las sanciones económicas por sí solas no resuelven nada. Para tener eficacia deben ir acompañadas con presiones del pueblo para obligar a sus gobernantes a cambiar de actitud, a respetar los derechos humanos y constitucionales, a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales.
