La democracia corrupta e inestable bajo la cual vivíamos recibió el golpe de gracia el pasado 9 de noviembre, cuando el fraude de las elecciones municipales, fríamente calculado y preparado por el Consejo Supremo Electoral, hizo del principio de legitimidad democrática una gran impostura.
Desde el Gobierno, las voces que recurren al consabido chivo expiatorio de la conspiración internacional, profecía tantas veces autocumplida en nuestra historia, se mezclan a otras que, apuradas, tratan de restar importancia a lo ocurrido, como si de una travesura o simples actos aislados de ratería electoral se tratase, y alientan a doblar la página cuanto antes y mirar hacia delante. Pero tanto la sociedad civil como política y la comunidad internacional, tan involucrada en el desarrollo de Nicaragua, advierten con lucidez el alcance, trascendencia y gravedad de lo ocurrido.
¿Qué es la legitimidad? Es aquello que responde a la pregunta ¿cumple un Gobierno con los valores y criterios que sustenta una sociedad para que se le considere investido de autoridad y digno de ser obedecido? La legitimidad es lo que evita que un sistema político tenga que sostenerse exclusivamente en la fuerza. Legitimidad es lo que hace posible la obediencia voluntaria y la aceptación de la autoridad. “Genios invisibles de la ciudad”, llamaba el historiador y filósofo político italiano Giuglielmo Ferrero, a esos factores de la gobernabilidad que tienen hoy como eje fundamental el principio de legitimidad democrática. Este principio se expresa a través del sufragio universal, libre y secreto, y el respeto a sus resultados, por medio del cual el pueblo soberano expresa su consentimiento a ser gobernado.
Un principio de legitimidad no puede degenerar en una falsificación, ni siquiera parcial, sin provocar una grave confusión en los espíritus —advertía Ferrero. Cuando desaparecen los principios, o se falsean y vulneran, no quedan más que los acontecimientos, un vacío que es el terreno abonado para los regímenes de fuerza y para un miedo que conduce irrevocablemente a la guerra. Entonces los “Genios invisibles de la ciudad”, que tienen como misión liberar al poder de sus miedos y garantizar la obediencia voluntaria, se indisponen y convierten en demonios, monstruos malignos, enemigos y torturadores. Es lo que sucede cuando se intenta adulterar y sustituir por una farsa lo que hoy ha devenido elemento fundamental de la gobernabilidad, el principio de legitimidad democrática, que se materializa en el respeto a la mayoría electoral.
No menos preocupante es la situación si la analizamos desde el punto de vista de la teoría del contrato social. Las tres cláusulas fundamentales que le dan su contenido, —la renuncia al uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias y la existencia de un tercero encargado de hacer cumplir las dos primeras— han sido pulverizadas. El monopolio de la fuerza por parte del Estado, garantizado a través de la Policía Nacional y el Ejército, ha sido sustituido por el poder de las pandillas, contratadas y alentadas para imponer con machetes, morteros y pedradas el terror en las calles. El tercero imparcial, papel que debería jugar el sistema de administración de justicia, ha sido suplantado por un Poder Judicial y una Fiscalía convertidos en órganos de represión y un Poder Electoral al servicio del fraude. Por último, el medio de solución pacífica de los conflictos por excelencia, las elecciones democráticas, en las que se dirime el más trascendental de los asuntos, el poder político, ha sido desvirtuado por la estafa. Y cuando el contrato social desaparece regresamos al homo homini lupus, el hombre lobo del hombre; letal designio, cuando la mentira deliberada y sistemática se constituye en política.
La legitimidad democrática opera gracias a un consenso soberano, lentamente fraguado en la conciencia colectiva de los pueblos, y es, por ende, innegociable. Cualquier salida a la actual crisis deberá tener, por tanto, como punto de partida el reconocimiento y restauración inmediata de este principio, empezar por el desmontaje de la impostura eleccionaria, bien por medio del recuento de votos como han reclamado los partidos políticos, la sociedad civil y el clero, bien por la anulación de los comicios y su repetición, total o parcial, bajo observación nacional e internacional. Implica, también, la negociación de nuevas reglas electorales, que garanticen la independencia y profesionalismo del Consejo Supremo Electoral y amplíen la participación ciudadana, el control y la transparencia, con vistas a las futuras elecciones presidenciales.
Todas las partes, incluida la comunidad internacional, deben estar claras de que cualquier negociación o diálogo al margen de la restauración de la legitimidad democrática, está condenado a ser espurio. El Gobierno, en particular, debe decidir el rumbo de los tres años que le faltan: la estabilidad y el alivio efectivo de la pobreza, con el concurso generoso y diverso de la cooperación internacional, o la escalada incontenible de la desobediencia, la conversión de los genios invisibles de la ciudad en los fantasmas de la destrucción y la ingobernabilidad que permanentemente habrán de asaltar el sueño del gobernante y, finalmente, el desafortunado y trágico autocumplimiento de aquello por él profetizado.
