En medio de la crisis de gobernabilidad que sufre el país como consecuencia del fraude electoral del 9 de noviembre pasado, en los círculos políticos se ha comenzado a hablar de una posible asamblea constituyente como salida “heroica”.
En realidad, la crisis política que tiene paralizada a la Asamblea Nacional y al Poder Ejecutivo gobernando por decreto, de manera ilegal, se podría solucionar de manera fácil y rápida con sólo que el presidente Ortega así lo quisiera. Para eso bastaría con que Ortega aceptara la revisión de las actas de escrutinio de las votaciones del 9 de noviembre, contrastándolas con las copias que tiene en su poder la alianza del PLC, ante la presencia de observadores nacionales e internacionales calificados y confiables, y que acepte también la rectificación de los resultados oficiales que él mismo anunció sospechosamente, antes de que los anunciara el Consejo Supremo Electoral. O mejor sería que Ortega aceptara la anulación parcial o total de esas elecciones, que fueron prostituidas por el fraude oficialista. Y si el obstáculo a la celebración de nuevas elecciones municipales fuese el dinero para su financiamiento, el Gobierno y la oposición podrían gestionar fondos extranjeros para ese fin. La comunidad internacional está muy preocupada por el fraude electoral del 9 de noviembre y sin duda que facilitaría recursos para resolver la crisis.
Pero es obvio que a Daniel Ortega no le interesa una salida decente de la crisis que él mismo provocó con el fraude electoral. Por el contrario, de manera cínica ha dicho que al Frente Sandinista no sólo le pertenecen las 105 alcaldías que le dio el Consejo Supremo Electoral, sino que le corresponden también diez gobiernos municipales más.
La verdad es que Ortega está feliz con la crisis que hay en Nicaragua y que él mismo provocó, porque se agravan los problemas nacionales y se agudizan las contradicciones políticas y sociales del país. Lo más probable es que en su mente febril, Ortega está creyendo que con esta crisis y con su estrategia general de demolición de la democracia y de enfrentamiento con la comunidad democrática internacional, está creando una “situación revolucionaria” que le permitirá imponer su dictadura, para quedarse en el poder vitaliciamente y heredarlo a sus familiares. Todo eso con el fin de construir en Nicaragua el “socialismo del siglo XXI” que promueve y financia el Presidente venezolano Hugo Chávez.
Si fuera sólo para seguir en el poder después del año 2011, lo que Daniel Ortega necesita es una reforma parcial de la Constitución que le permita reelegirse para el siguiente período presidencial; o para continuar gobernando bajo la figura de primer ministro, como Putin en Rusia. Ortega no tiene la cantidad de votos populares necesaria para reelegirse en unos comicios libres y limpios. Pero eso para él es secundario, pues de todas maneras se impondría por medio del fraude electoral, para lo cual el robo de las elecciones municipales del 9 de noviembre pasado fue un ensayo general. Y si bien es cierto que para aprobar la reforma constitucional parcial, Daniel Ortega necesita el apoyo o complicidad del PLC, más bien de Arnoldo Alemán, como ha dicho el magistrado orteguista Rafael Solís este problema se resolvería el próximo año, o incluso hasta en el 2010, pues la reforma constitucional se podría ratificar a principios de 2011, antes de las elecciones nacionales de noviembre de ese mismo año.
Sin embargo, una asamblea constituyente para aprobar una nueva Constitución de Nicaragua, podría ser mucho más conveniente para los aviesos planes de Daniel Ortega. Primero porque la constituyente sería un señuelo que podría atraer a quienes ingenuamente piensan que con una nueva constitución se podrían resolver de una sola vez los problemas políticos de Nicaragua. Segundo, porque si Daniel Ortega ganara la elección de constituyentes — por supuesto que mediante el fraude, la única forma de que la gane—, aseguraría no sólo su permanencia en el poder sino también la creación de la herramienta constitucional necesaria para construir en Nicaragua el denominado socialismo del siglo XXI, que en realidad es el mismo comunismo totalitario y fracasado del siglo XX.
Como sea, lo cierto es que la amenaza de la asamblea constituyente —recurso que usaron muy bien los Somoza para establecer, fortalecer y prolongar su dictadura dinástica de cuatro décadas— ha comenzado a oscurecer aún más el ya sombrío panorama político, económico y social de Nicaragua.
