El jueves de esta semana, el directorio de la Cuenta Reto del Milenio decidió prorrogar por tres meses más, hasta marzo del próximo año, la suspensión de los desembolsos a Nicaragua, para darle un chance al Gobierno de Daniel Ortega para que cumpla los requisitos establecidos en el convenio de colaboración. Desde hace varios meses la página web de la Corporación Reto del Milenio mostraba ya el incumplimiento de Nicaragua, pero a partir del fraude electoral la situación se complicó todavía más.
El significado inmediato de esta suspensión es que Nicaragua dejará de percibir aproximadamente 66 millones de dólares. Miles de nicaragüenses irán al desempleo, muchos productores perderán financiamiento y asesoría técnica y la nación deberá nuevamente postergar el sueño de salir de la pobreza.
Por otro lado, el Grupo de Apoyo Presupuestario a Nicaragua ofreció regalar y prestar 510.7 millones de dólares en el 2008. Pero a pocos días de finalizar el año se estima que un 20 por ciento no será desembolsado, porque el Gobierno de Ortega ha incumplido los compromisos firmados. De modo que el Presupuesto de 2008 llega al fin de año con un déficit que el Gobierno no puede subsanar.
También el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido incumplido por el Gobierno de Ortega, y en cualquier momento Nicaragua podría quedar fuera del programa. Siguen pendientes el nombramiento del Consejo Directivo del Banco Central, la aprobación de la reforma presupuestaria del 2008 y del Presupuesto del 2009, así como transparentar la cooperación venezolana.
Las relaciones de Nicaragua con la comunidad democrática internacional se han tensado más durante este año, porque Ortega incrementó sus ataques contra Estados Unidos, la Unión Europea y en general contra los países ricos, a los que increpa por acciones que sus antepasados realizaron hace cien años, como si los actuales gobernantes fueran responsables o tuvieran algo que ver con esa parte de la historia. Eso es simplemente ridículo.
Luego, las elecciones municipales pusieron al desnudo las ambiciones dictatoriales de Ortega y su pretensión de perpetuarse en el poder. Pasó por encima de la voluntad popular, de las leyes y de la Constitución, al realizar el mayor fraude electoral en la historia de Nicaragua. Y como si todo eso fuera poco, las turbas orteguistas han reprimido de manera brutal a los ciudadanos que han salido a las calles a defender su voto, sus derechos humanos, la ley y su libertad. Ortega y sus seguidores han alzado el puño cerrado y mostrado una sonrisa cínica, en señal de victoria. Pero en realidad ha sido una pírrica victoria que pretenden imponer mediante la represión, la violencia, las amenazas, el chantaje, el miedo y el silencio.
Sin inversiones el país está condenado a vivir en la pobreza. La Inversión Extranjera Directa, que representa unos 300 millones de dólares anuales, se ha contraído y más importante aún es lo que esto significa en trasferencias tecnológicas. Con el deplorable clima de negocios que hay en Nicaragua ningún inversionista extranjero querrá invertir aquí. Y en cuanto a los inversionistas nacionales, según la página web del Banco Central, los depósitos en el Sistema Financiero se han reducido de septiembre al 9 de diciembre de este año en 120 millones de dólares. Cabe preguntarse si no es que ha comenzado ya la fuga de capitales.
La Constitución de Nicaragua establece que: “El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado…” La pregunta es: ¿El presidente Ortega es capaz y es responsable para ejercer este mandato constitucional?
Ortega debería detener su paso de Atila; considerar con responsabilidad que el ochenta por ciento de los nicaragüenses vive en situación de pobreza; que sin democracia, sin respeto a las instituciones y a la ley, y sin libertad, no habrá inversión, ayuda internacional ni desarrollo. Y tampoco habrá paz.
Se dice que nunca es tarde para rectificar. Es cierto. Ortega está a tiempo de reflexionar y de actuar con responsabilidad frente a la nación, frente a la comunidad centroamericana e internacional y especialmente frente a los pobres de Nicaragua, que desde que él asumió la Presidencia son más numerosos y más pobres. Ortega debería reconocer que perdió las elecciones municipales y aceptar el recuento y la rectificación de las actas de escrutinio, o simplemente realizar nuevas votaciones.
Dice el refrán popular que “quien siembra vientos, cosecha tempestades”. Pero Nicaragua quiere paz y el presidente Ortega tiene la obligación de ser responsable.
