“Hasta que me jubile, el sistema previsional varias veces más va a ser público y privado”. La economista argentina Victoria Giarrizo lo dice entre sonriente y resignada. Quizás porque le faltan más de tres décadas antes de pensar en un retiro. Luego, agrega: “A la misma gente que le dio bronca la privatización compulsiva en 1994, ahora le da bronca la estatización compulsiva. La falta de libertad”.
La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de poner fin al sistema de capitalización individual en Argentina, mediante el envío de una ley al Congreso (recién aprobada), sorprendió a propios y extraños. De hecho, versiones serias indican que su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, tenía sus ahorros previsionales en una AFJP (Administradora de Fondos de Jubilados y Pensionados) privada antes de pasarse, el año pasado, a la estatal.
Como cabe esperar, los enemigos de la medida la califican de “robo”, mientras sus partidarios usan el mismo epíteto para evaluar la gestión de las empresas privadas. Una mirada más desapasionada muestra que las AFJP argentinas no lograron la misma legitimización que otros administradores privados de pensiones en la región (como en Chile, Perú y México) por varias razones. Una de ellas es una estructura de comisiones percibida como injustificable. Pero esa misma mirada señala que tanto el Gobierno actual como los anteriores, así como las fuerzas opositoras, no tuvieron nunca la vocación de perfeccionar el sistema.
Asunto nada menor, porque las AFJP argentinas vinieron al mundo con fallas de nacimiento. De partida, el parlamento nunca puso en marcha la comisión de control dispuesta por la ley. Con cortedad de vista, las empresas tampoco lo exigieron.
“El ex presidente Carlos Menem dejaba hacer a las AFJP cualquier barrabasada a cambio de capturar los fondos de las administradoras con bonos al 11 por ciento”, cuenta un ex gerente de una de ellas, que pide reserva de identidad. ¿Para qué privatizó el sistema entonces, cuando podría haber tenido ese dinero directamente? Falso. “Antes de las AFJP, a miles y miles de empleados, sus empleadores les retenían los aportes jubilatorios y no los depositaban. En el sistema de reparto el empleado era estafado”, cuenta. Con las AFJP “eso se acabó y, por decirlo de alguna manera, el Estado logró una eficiencia impresionante en el cobro”.
Se quedó, eso sí, con los pasivos del infierno de decenas de cajas previsionales de cada Estado provincial (Argentina es un país federal). Y eso fue clave en el deterioro de las cuentas fiscales a fines de los 90. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, calculó la sustentabilidad de la transición al sistema de capitalización, convencido de que tenía por delante una década de crecimiento sobre el 6 por ciento.
Se equivocó. Cuando la convertibilidad se derrumbó, la situación llegó a ser tan grave que se eximió a los aportantes de colocar el 11 por ciento de su sueldo y la suma bajó al 5 por ciento. Las cuentas apenas crecieron. La inestabilidad ha sido tal que, ahora, al cumplirse 15 años, los expertos recuerdan que al menos seis fueron de crisis internas o externas.
Luego, hubo errores como autorizar a las empresas a prestar dinero a fideicomisos que pasan los fondos a cadenas de venta de electrodomésticos y financian la compra de televisores y DVD. Aunque sea un porcentaje pequeño, no parece una forma contracíclica de invertir fondos que, en teoría, debían impulsar el mercado de capitales.
Carlos Arias, ex ejecutivo de AFJP Siembra y consultor de Planning Financial Persons, concuerda con que “no se puede hacer una ‘timba’ (ruleta) de esto: tienen que ser inversiones conservadoras”. En todo caso, las inversiones eran estipuladas por la Superintendencia. “Una contradicción”. Lo que sí comparte es que las comisiones eran altas. A su juicio, “cuando la rentabilidad es negativa debe existir flexibilidad para bajar las comisiones y proteger el ahorro de los afiliados”. Todas correcciones posibles, pero “no hubo intención de hacerlas”.
Francisco Díaz Hermelo, director académico del MBA de la Universidad de San Andrés, coincide. “Las comisiones abusivas fueron autorizadas por el Estado en su momento y recientemente habían sido reducidas”, recuerda. Y agrega que, más allá de ello y de las pérdidas producidas por los malogrados créditos al sector público, “el sistema fue rentable durante todos estos años y podría haberse mejorado sin necesidad de su eliminación”.
OPORTUNIDAD
Para Enrique Zuleta Puceiro, titular de la consultora OPSM, la presencia de los bancos en las AFJP creó la idea de que el sistema era parte de la especulación financiera y eso impidió que contara con apoyo de la población. Según encuestas de OPSM luego del anuncio de la estatización, la mayoría de la población no considera que era un sistema sostenible. “Pero al evaluar la estatización existe un nivel de desconocimiento de 40 por ciento. Y el resto se manifiesta dividido a medias, a favor y en contra”.
El problema, a su juicio, es que “ésta es una sociedad que está demandando cambios profundos, pero no quiere pagar por ellos. El Gobierno explota esta actitud frívola de la población”.
En las AFJP hubo también cierta frivolidad cuando, a mediados de octubre, se dieron cuenta de que la caída en sus rentabilidades había llegado a tal nivel que, para evitar pagar las jubilaciones con hasta un 17 por ciento de descuento a casi 300,000 afiliados (retiros programados que salen del fondo administrado) para fines de ese mes en comparación con un año atrás, la única salida era buscar ayuda del Gobierno. “Las AFJP estaban muy dependientes. Hicieron de la crisis una oportunidad para pedir dinero”, puntualiza Zuleta.
En el Gobierno dicen que fue un nuevo ejemplo de “ganancias privadas, pérdidas públicas”. El ombudsman de la tercera edad, Eugenio Semino, lo ve de la siguiente manera: las AFJP cobraron US$11,760 millones en comisiones durante 14 años (US$840 millones anuales). Y reciben más de US$1,200 millones anuales del Estado para establecer el piso de la PBU (Prestación Básica Universal) y la PC (Prestación Compensatoria), el dinero que les corresponde a los jubilados por el tiempo que aportaron al sistema previsional estatal antes de 1994. Aun así, evalúa, no pueden sostener su operatoria y pagar a 183,000 jubilados (de los 446,000 del sistema) sin descuentos, recibiendo el dinero de 9.5 millones de afiliados. Las empresas dicen que la razón principal está en la crisis planetaria. Sólo en septiembre, por sus efectos, los fondos de pensiones argentinos perdieron algo más de US$1,300 millones.
Que hubiera muchas jubilaciones muy bajas que tenían que ser completadas por el Estado para llegar a la mínima, ayudó a tomar la decisión, explica Alberto Muller, economista y experto previsional. No está de acuerdo con la estatización, sino con un sistema público que coexista con fondos privados, pero destaca que “la comisión pura era del 23 por ciento, realmente muy alta”, ello sin considerar el descuento para el seguro “que iba a empresas coaligadas y eran precios de transferencia, no de mercado”.
Para Muller, el sistema de capitalización fue perjudicado al no impulsarse la competencia: “Las administradoras tenían prohibido asegurar rentabilidad: ¿cuál era el sentido de su competencia?” Gran ironía, “la única que podía asegurarla era la estatal, AFJP Nación, pero era insignificante: una rentabilidad de 2 a 3 por ciento anual”.
Mariano Cané de Estrada, profesor de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés, discrepa. Y aclara que, en realidad, para el total de las AFJP, la ley sólo asegura una rentabilidad mínima respecto del promedio del sistema. Diseño “que contribuye a generar un comportamiento que no favorece la individualidad, ya que para minimizar los riesgos de caer por debajo del nivel mínimo es muchas veces lo más sencillo no diferenciarse demasiado en términos de cartera del promedio del sistema”.
La solución, a su modo de ver, era hacer “como existe en México: no tener un requisito de rentabilidad mínima y en su reemplazo colocar un límite de riesgo máximo, lo que limita las pérdidas en términos absolutos y no relativos”.
LA CAJA
Se supone que otra motivación que llevó al Gobierno a estatizar fue tomar el control de los fondos. Activos por alrededor de US$30,000 millones. Muller apunta a que eso no es lo más importante porque “no es mucho, porque de US$15 a US$ 20.00 millones son deudas de títulos públicos”. Otros US$ 10,000 millones son acciones “pero si las remata, dudo que saque más de US$5,000 millones”. Lo que las autoridades quieren en realidad, explica Giarrizo “es el flujo de casi US$ 4,000 millones anuales de los aportantes”. Como “las cuentas vienen ajustadas en 2009, con esto evitaste el default, pero –qué ironía– lo blanqueaste”.
CON SED DE FONDOS
El ex ministro de Economía del ex presidente Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, comparte la visión. En una entrevista con el diario local Crítica, fue incisivo: “Está claro que el Gobierno de los Kirchner está detrás de recuperar ingresos, quiere dinero: primero lo intentó por la vía del campo (impuestos de exportación de granos) y ahora por esta vía. No hace falta hacer escándalo, ésta es la realidad”.
El Gobierno responde que tuvo que tomar la medida ya que las AFJP ofrecían un horizonte ruinoso por delante e iban a requerir, en cuatro años, aportes estatales por más de US$7,000 millones.
En este marco, la reacción de las AFJP se concentra en Sebastián Palla, presidente de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP). “No creemos que este sistema esté hecho a prueba de balas, pero sí que es exitoso”, aseguró públicamente, todavía choqueado por la noticia.
Sin embargo, su alter ego en el Gobierno, el titular de la Anses (entidad estatal que administra los fondos heredados del viejo sistema), Amado Boudou, calificó de “autocrítica demoledora” el anteproyecto alternativo que presentó la UAFJP y que posibilita el recorte en las comisiones de los fondos en los meses que haya rentabilidad negativa; además de un sistema mixto de reparto y capitalización individual.
Dando por hecho la estatización, tanto partidarios como opositores piden que la Anses –que manejará los fondos– se convierta en una entidad pública autárquica. “Es una buena idea”, dice Díaz Hermelo.
“Habría beneficios por la alta concentración de fondos, mejoraría la relación beneficiarios/aportantes, la transparencia y la administración independiente quedaría más asegurada. Sin embargo, el Estado argentino no tiene un buen historial de respeto hacia los entes autárquicos”, sostiene.
Se habla de que parte de los fondos se invertirían en fideicomisos destinados a financiar obras de infraestructura.
