Organizaciones civiles solicitaron ayer al parlamento algo improbable por falta de votos: la desaforación y destitución de magistrados electorales por el supuesto fraude cometido el nueve de noviembre.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), entregó ayer a la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional una solicitud de interpelación, desaforación y destitución de los magistrados Roberto Rivas, Emmet Lang, José Miguel Córdoba, José Luis Villavicencio, Luis Benavides, René Herrera y José Marenco.
De acuerdo a la solicitud, respaldada por la CPDH, Movimiento por Nicaragua, Juventud Democrática Nicaragüense, Central de Trabajadores de Nicaragua, Asociación de Periodistas de Nicaragua y otras organizaciones, los magistrados electorales cometieron asociación para delinquir, cohecho, falsificación de materiales, falsedad ideológica, supresión, ocultación y destrucción de documentos públicos y delitos contra los derechos y garantías constitucionales.
“Nosotros esperábamos que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o la Fiscalía General de la República, que por ley les corresponde defender a los nicaragüenses, hiciera esta solicitud, pero nosotros estamos tomando ese rol, esta iniciativa, para que el pueblo de Nicaragua tenga fe de que hay organizaciones que queremos que se respete la voluntad popular, como es el hecho de elegir a sus gobernantes”, explicó Carmona.
Partidos de oposición denunciaron un fraude electoral en al menos cincuenta municipios, por parte del Consejo Supremo Electoral y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La denuncia pública provocó una parálisis en el parlamento, pronunciamientos de las iglesias, la cúpula privada y la comunidad internacional a favor de elecciones transparentes, una solicitud para realizar un recuento de votos con observadores imparciales y hasta un proyecto para anular los comicios.
Nadie ha tenido éxito y los resultados siguen siendo los mismos, pese a que el CSE, como en los comicios presidenciales de 2006, proclamó electos sin divulgar el cien por ciento de los resultados.
PARA REMATE, NO HAY NI VOTOS
Además de los oídos sordos que las autoridades pusieron ante los reclamos, en el parlamento no existen los 56 votos para anular el fuero a los magistrados.
Por otro lado, la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional no contempla la “interpelación” de los magistrados electorales.
El primer secretario de la Asamblea Nacional, el liberal Wilfredo Navarro, indicó que hay al menos 15 diputados a favor de eliminar la inmunidad a los magistrados.
“Hay diputados que acompañan con su firma, más de 15, la solicitud de la interpelación y procesamiento de estos magistrados que incurrieron en actos delictuales, al apañar un fraude electoral en Nicaragua”, dijo Navarro.
“Con su omisión o su actuar voluntario, (los magistrados) tienen sumida en esta crisis a Nicaragua”, añadió Navarro.
