Tres diputados, dos de ellos que se autollaman “independientes” y uno de la bancada PLC, dieron la espalda ayer a un proyecto de ley que pretende eliminar las elecciones municipales del nueve de noviembre, calificadas como “fraudulentas” por la oposición.
Los autollamados independientes Mario Valle y Juan Ramón Jiménez, además del presidente de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y aliado al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Guillermo Osorno, anunciaron ayer que se oponen al proyecto por “ilegal”.
La decisión de los tres legisladores coincide con la del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Las cuentas en el parlamento dejan a favor del proyecto, al menos en público, a la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), PLC, Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Salvador Talavera, quienes suman 44 votos.
Sin embargo, fuentes de la Alianza PLC mantienen que ellos tienen “garantizados” los 47 votos aunque no dicen quienes son para evitar presiones.
En contra de la iniciativa están el FSLN, ALN, Valle, Jiménez y Osorno, quienes llegarían a 47 votos si los seis diputados de ALN votan con el orteguismo.
Valle indicó que, junto a Jiménez, sesionará con las fuerzas que sumen la mayoría absoluta de 47 votos.
Además, Valle, Jiménez y Osorno llamaron a un diálogo nacional inmediato, para reformar la Ley Electoral e incluso la Constitución, con la presencia de la empresa privada e iglesias católica y evangélica.
Los tres diputados destacaron que los resultados electorales deben ser respetados, pese a que admitieron que el Consejo Supremo Electoral (CSE) cometió irregularidades y que el proceso sufrió de claros vicios.
“Nosotros no avalamos la anulación de las elecciones por una sencilla razón: si nosotros derogamos las elecciones y las hacemos en tres meses, ¿vamos a jugar con los mismos árbitros y las mismas reglas del juego? Yo creo que para hacer elecciones como las desea el pueblo tienen que hacerse reformas”, dijo Jiménez.
NO CREEN EN EL CSE
En un discurso ambiguo, los tres legisladores aseguraron que el CSE no ofrece ninguna garantía para organizar comicios transparentes, pero a la vez indicaron que no respaldarán la anulación de las elecciones del nueve de noviembre.
“Nosotros reconocemos, como lo reconoce la mayor parte del pueblo de Nicaragua, que el principal responsable de la causa de esta crisis de gobernabilidad que existe en Nicaragua es el Consejo Supremo Electoral. Hubo actos que contravienen la Ley Electoral, pero también entendemos que ése es el árbitro, el árbitro que pusieron los partidos en la contienda”, adujo Valle.
Jiménez y Valle propusieron aprobar en el parlamento una ley que garantice la presencia de observadores nacionales e internacionales en los comicios.
Ambos diputados añadieron que un decreto presidencial que avala las elecciones municipales también es “ilegal” y en coincidencia con Osorno explicaron que los resultados emitidos, pese a las irregularidades que existieron en el proceso, deben ser aceptados “para evitar actos de violencia”.
“Se le fueron las manos con las irregularidades al FSLN y los magistrados que tienen ellos allí, ¿y qué se ha logrado?. Busquemos cómo prepararnos para el futuro, buscando estabilidad para el país, reformando la Ley Electoral”, propuso Osorno.
De paso, Valle admitió que también pueden efectuarse cambios a la Constitución.
El magistrado Rafael Solís, han insistido en que deben aprobarse reformas constitucionales, que requieren de 56 votos.
