Silvia Palacios, presidenta de la organización de mujeres con discapacidad de Jinotega. /LA PRENSA/F. RIVERA
Mujeres demandan cese de exclusión
Félix Rivera MéndezCORRESPONSAL/JINOTEGA
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Organización de mujeres con discapacidad exige acceso al trabajo, salud y educación

Las mujeres con discapacidad, de Jinotega, en alianza con sus homólogas de Matagalpa, demandaron al Gobierno el cese de la discriminación que les ha impedido acceder a un desarrollo integral personal, de sus familias y de la sociedad, y exigieron acceso a trabajo, salud, educación y los deportes.

Silva Palacios, coordinadora en esta ciudad de las mujeres con discapacidad, dijo: “Ya es hora que cese la discriminación que hemos sufrido” y aseguró que en Jinotega, ya están organizadas 102 mujeres con discapacidad.

Aseguró que en este “momento hemos dado pasos importantes, pues estamos coordinando acciones con la Fundación Solidez, un organismo no gubernamental que atiende a las mujeres organizándolas y brindándoles importantes oportunidades de capacitación”.

RECOLECTAN FIRMAS DE APOYO

Palacios afirmó que ya han comenzado a recoger firmas entre los jinoteganos y matagalpinos, para que la sociedad respalde una agenda que recoge propuestas, inquietudes y proyectos para que los tomadores de decisiones del país tomen en cuenta.

La agenda contiene propuestas para ayudar a erradicar la discriminación de las mujeres con discapacidad, que brinden una mejoría en la calidad de vida de éstas “y la promoción del desarrollo humano, para promover el empleo, la vivienda, la salud, la educación, contempladas en la Ley 202”.

Las mujeres con discapacidad que habitan en zonas rurales son las más afectadas por la discriminación. El tema está incluido en la agenda cuyo soporte es el marco jurídico legal, nacional, como la Constitución Política, la Ley 202, el Código del Trabajo, e internacionales como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en Contra de las Personas con Discapacidad.

También se basan en las declaraciones de los impedidos 1975; derechos de los retrasados 1971; declaración de las personas sordas y ciegas 1977; políticas internacionales en materia de educación para discapacitados 1979; recomendación 99 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre adaptación y readaptación profesional de los inválidos 1955 y la Convención Internacional de Derechos Humanos de las personas con discapacidad aprobados por la ONU, el 13 de diciembre del 2006.

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