Los líderes de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y de la Bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) prometieron esta semana que “impulsarán desde la Directiva de la Asamblea Nacional un debate en plenario de una ley en defensa de la libertad de expresión, la cual extendería el período de vigencia de las licencias de transmisión a los medios audiovisuales”. Así lo informó LA PRENSA el jueves recién pasado.

Esas dos bancadas liberales representan a 40 diputados de los 92 que tiene legalmente la Asamblea Nacional, incluyendo al ex presidente Enrique Bolaños, quien nunca ha ejercido el cargo parlamentario que le corresponde por mandato constitucional y consecuencia del pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán. Sin embargo, para aprobar una ley ordinaria como es la que se ha propuesto con el propósito de proteger la libertad de expresión e información — incluyendo la extensión del plazo de vigencia de las licencias de operación de los medios audiovisuales—, se requiere un mínimo de 47 votos. De modo que haría falta que a los 40 legisladores de las bancadas liberales PLC y BDN, se unan los 6 de la otra bancada de diputados liberales, que es la de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), así como los 3 de la bancada del Movimiento por el Rescate del Sandinismo y del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). De esa manera se podrían sumar 49 votos a favor de dicha ley, que podrían ser hasta 51 con la diputada liberal Jamileth Bonilla que se mantiene hasta ahora como independiente, y con el del social cristiano de la bancada sandinista, Agustín Jarquín Anaya, quien siempre se ha proclamado como defensor de la libertad de expresión y de prensa. Ahora podría demostrarlo.

En realidad, es imperiosamente necesario aprobar una ley para la protección de la libertad de prensa en el ambiente sombrío que hay ahora en Nicaragua, el cual, según han advertido los obispos en su Exhortación Pastoral del 15 de agosto corriente “se puede convertir en “tiniebla y sombra de muerte”. Sin duda que esto es lo que ocurrirá si se permite que los valores, principios e instituciones de la democracia y la libertad sucumban ante “la regresión de formas superadas de autoritarismo”. De manera que los diputados demócratas no pueden ni deben olvidar que la protección a la libertad de prensa es una demanda vital no sólo de los periodistas y operadores de medios de comunicación independientes; es un clamor de todo el pueblo democrático de Nicaragua, así como de los organismos internacionales que luchan por la vigencia de la libertad de expresión.

A este respecto es necesario realzar la importancia que tiene el pronunciamiento que ha hecho la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sobre el cierre del espacio de televisión de Jaime Arellano, pero en relación con todo el ambiente de intimidación y de restricción a la libertad de expresión y de prensa que se ha creado en Nicaragua, bajo el nuevo régimen autoritario de Daniel Ortega. En una declaración del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, el periodista guatemalteco Gonzalo Marroquín, fechada el 26 de agosto corriente, se dice que si bien esta institución “es respetuosa de los criterios editoriales de los medios para cambiar su programación”, sin embargo “no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación porque es cierto también que el Gobierno nicaragüense ha asumido constantemente conductas coercitivas contra el libre ejercicio periodístico”. Y agrega que la SIP “ha venido señalando un sinnúmero de medidas de hostigamiento contra la libertad de prensa en el país (es decir, en Nicaragua), no para hacer una defensa corporativa de los medios, sino para que se garantice el derecho humano a la información de todos los nicaragüenses”.

Sin duda que es muy valiosa esa solidaridad internacional, pero no hay que perder de vista que ante todo es a los mismos nicaragüenses a quienes les corresponde defender su libertad de prensa. Y en esa defensa, los diputados demócratas tienen un papel muy importante que desempeñar, para lo cual sólo tienen que saber usar la mayoría que el pueblo les dio en las elecciones y aprobar la ley o las leyes que sean necesarias para esta causa que es, literalmente hablando, como un asunto de vida o muerte.