Cinco días después que el presidente Daniel Ortega amenazara con retirar a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la preocupación expresada por el Secretario General de esa instancia regional, José Miguel Insulza, por la exclusión de partidos políticos, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, descalificó a Insulza ante medios oficialistas.
Al mismo tiempo, dijo que la OEA “no tiene calidad moral” para observar los comicios.
Asimismo, el director de Atención a Partido Políticos del CSE, Julio Acuña, presentó una acusación contra el Instituto Republicano Internacional (IRI), por delitos electorales, luego que esa organización invitó al ex presidente de México, Vicente Fox, a dictar una conferencia el pasado 12 de agosto, donde instó a participar en los comicios de noviembre.
En el caso de Insulza, Rivas dijo: “El embajador Insulza (está) dando opiniones sobre temas políticos nicaragüenses, sin haber llamado o haber conversado o haber tratado de investigar, conocer una situación como tal, que se ha presentado en Nicaragua”. Agregó que con esa posición es “injerencista, atrevido y sin moral para observar las elecciones municipales”.
En declaraciones al oficialista Canal 4, el presidente del Poder Electoral insistió que la OEA no puede participar en el actual proceso de elecciones municipales como observador electoral.
“Yo en este momento no le vería a la OEA ninguna capacidad para ser observador, en el momento mismo que ha tenido un pronunciamiento favorable hacia un partido político determinado que ha incumplido sus propios estatutos”, expresó Rivas.
La molestia del presidente Ortega y ahora del magistrado Rivas Reyes surge porque el pasado 21 de agosto, Insulza sostuvo una reunión con la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), que planteó la preocupación por la exclusión del MRS y PC del proceso electoral.
DELITO ELECTORAL ANTES DE LA CAMPAÑA
En el caso del IRI, Acuña dijo que la acusación por delitos electorales se debe a que supuestamente violentó varios artículos de la Constitución y la Ley Electoral, al inmiscuirse en asuntos políticos internos del país, además de orientar a la población a votar en determinado sentido, en alusión a los candidatos de la Alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eduardo Montealegre y Enrique Quiñónez.
El pasado 21 de julio la fiscal electoral Blanca Salgado asumió que la función de la Fiscalía Electoral es “para conocimiento de los delitos electorales que se cometan dentro de la campaña electoral”, según dijo en esa ocasión cuando se cuestionó el uso de edificios públicos para colocar propaganda electoral.
El calendario electoral estableció en un primer momento la apertura de la campaña para el 18 de septiembre, pero con la reforma para trasladar los comicios al 9 de noviembre, todas las fechas se modifican siete días.
