Después del terremoto en Managua en 1972 se inició el desorden, por las medidas tomadas por Somoza al tratar de apoderarse del casco urbano y robarse gran parte de la ayuda humanitaria destinada a la población damnificada. Muchas empresas dejaron de operar porque la infraestructura de los sectores comerciales y productivos fue dañada. Y se inició un proceso de construcción desordenado que trajo consigo anarquía urbanística por la proliferación de asentamientos carentes de servicios públicos.
Con la caída de Somoza y la llegada al poder del Frente Sandinista, se profundizó el problema por la migración de mucha gente que huyó de la guerra y formó nuevos asentamientos, que carecían de escuelas, centros de salud infraestructura eléctrica y de agua potable, transporte, calles y andenes. Muchos terrenos con un alto valor catastral quedaron en manos de personas vinculadas a partidos políticos, que se beneficiaron con las ventas de los mismos.
El Mercado Oriental también forma parte de este caos en el que todos los gobiernos centrales y municipales tienen una cuota de responsabilidad y, por qué no decirlo, también de sectores de oposición que nunca levantaron su voz para que se corrigiera este problema.
Con la derrota del Frente Sandinista en 1990 se inicia un proceso de agudización y proliferación del caos en el Oriental por las presiones del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID y la cooperación bilateral y multilateral para la implantación de los planes de ajustes estructurales, cuyo objetivo era la redimensión del aparato del Estado para supuestamente hacerlo más eficaz y eficiente y convertirlo en un Estado facilitador de la inversión. Este plan incluyó medidas como los planes de reconversión ocupacional que generaron decenas de miles de desocupados, plan que había comenzado desde el sandinismo. Los desocupados se desplazaron a la actividad comercial, a la venta de electrodomésticos, ropa, calzado, abarrotes, comedores, etc.
Es importante anotar que el caos del Oriental ha beneficiado a funcionarios de Commema, a dirigentes políticos y funcionarios de todos los gobiernos que en su momento fueron incapaces de ponerse de acuerdo, dejar a un lado la polititiqueria y la demagogia y ponerse al frente de las verdaderas necesidades de la población. Ahora hay quienes dicen que el Mercado Oriental es una bomba de tiempo. Yo sostengo que más bien es una bomba de todo tiempo, no solamente por el peligro que representan las conexiones ilícitas y alambres que se entrecruzan tomando diferentes direcciones, sino también por el desgobierno de Commema que ha implantado durante todos los períodos anteriores y el actual.
No es que los funcionarios de Commema no conocieran de administración o de ordenamiento, sino que ha sido punto de proliferación de favores y satisfacciones personales. La irresponsabilidad de Commema pone en riesgo la vida de las y los comerciantes por la estrechez de las calles, la basura, la insalubridad de los alimentos, la falta de agua potable, la pérdida e inutilización de los hidrantes, la prostitución, los vicios por la concesión a expendios de licor. Hay más cantinas que tramos de comida, la delincuencia, uso abierto de drogas y pega para niños y adolescentes debido a los antivalores que se practican.
Es tiempo de terminar con este problema para no seguir irresponsablemente arriesgando la vida de los consumidores, trabajadores, vendedores y dueños de estos negocios, además de los visitantes de este mercado que suman un porcentaje importante del comercio en Nicaragua.
Es necesario que el Gobierno central y municipal formen una comisión de reestructuración y reordenamiento del Mercado Oriental, la cual puede ser integrada por Alcaldía de Managua, Marena, INE, Minsa, Migob, Bomberos, Unión Fenosa y Enacal, Asociaciones de Comerciantes, Asociación de Consumidores, Policía Nacional y Gobierno central. Esta comisión tendría como objetivo diagnosticar la realidad para transformarla en bienestar de los comerciantes, trabajadores y compradores, que se traduzca en infraestructura eléctrica adecuada, conexiones legales, servicio constante de agua potable, tráfico fluido de mercadería al quedar libre las calles, acceso a los Bomberos en caso de emergencias y vigilancia continua contra actos delictivos.