Resultados negativos “para la credibilidad, profesionalismo y confianza”, encontró el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en el trabajo desarrollado por el Ejército de Nicaragua durante el primer semestre del año, debido a las constantes críticas y señalamientos a que estuvo sometida esa institución.
“Eso depende de la óptica (con) que se vean las diferentes situaciones en las cuales ha estado la institución”, replicó el comandante en jefe del Ejército, general Omar Halleslevens, en declaraciones a LA PRENSA.
El cuarto informe de gestión referido al sector defensa, que recién concluyó el IEEPP, señala que entre enero y junio ocurrieron varios hechos relacionados con las actividades operativas y empresariales de ese cuerpo castrense, que le valieron las críticas de diversos sectores de la sociedad.
Uno de los casos que destaca el IEEPP es la utilización por el Gobierno de un avión Antonov 26 perteneciente al Ejército, para el traslado desde Ecuador de dos presuntas guerrilleras sobrevivientes al ataque del Ejército de Colombia a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
Sobre la decisión de facilitar esta aeronave propiedad de la institución militar, Halleslevens se limitó a decir: “Nosotros mantuvimos siempre que esa fue una solicitud que hizo el Presidente de la República, y nosotros accedimos a prestar nuestros medios. No hacemos más comentarios alrededor de eso”.
Para el IEEPP, este hecho “minó indirectamente al Ejército en dos aspectos: uno político y otro institucional”.
Según el IEEPP, analistas independientes y políticos de oposición refirieron que, si el interés del Gobierno fue solamente darle asilo político a las extranjeras, el resguardo de ellas bien pudo asegurarse a través de los procedimientos establecidos en el derecho humanitario internacional y utilizando para su traslado una aerolínea comercial.
Aunque el IEEPP reconoce que el Presidente tiene la potestad de utilizar medios militares, en su calidad de jefe supremo de esa institución, señala que lo que provocó con esa decisión “fue el involucramiento del Ejército en una controversia internacional ajena a los intereses del Estado”.
“Viéndolo en retrospectiva, el Ejército tendría que asumir este hecho como un reto, para evitar que en un futuro no muy lejano se le vuelva a ligar políticamente con decisiones presidenciales aventuradas, poco reflexivas y acordes solamente con marcados intereses partidarios”, aconseja el IEEPP.
PRÉSTAMOS INSS A IPSM
Menciona el IEEPP que otro caso que se sumó a los resultados negativos en el semestre fue la vinculación de las actividades empresariales del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) con intereses específicos del Gobierno.
Este hecho está relacionado con la política implementada por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), de otorgar préstamos a varias entidades privadas vinculadas a funcionarios del Gobierno. Entre las instituciones beneficiadas con préstamos figura el IPSM, con tres millones de dólares.
“De acuerdo a investigaciones realizadas por el IEEPP, no publicadas aún, el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), brazo financiero del Ejército, entre sus tantas operaciones financieras presuntamente había adquirido un medio aéreo ejecutivo para ofrecerlo a inversionistas que quisieran iniciar negocios con dicha institución”, revela ese organismo.
“En materia de transparencia, este caso pone de manifiesto un patrón de conducta poco claro del Ejército de Nicaragua y refuerza las dudas sobre la legalidad con que se ha venido construyendo el patrimonio de la institución castrense”, critica el IEEPP.
El organismo señala: “Cómo podría el Ejército haberse negado a la solicitud del presidente Ortega, de alquiler de sus medios aéreos para transportar presuntas guerrilleras, cuando su gobierno —a través del INSS— le ha facilitado al IPSM más de tres millones de dólares en condiciones altamente dudosas”.
El IEEPP remarca que la falta de transparencia mostrada en las actividades empresariales, exige que se realice una revisión exhaustiva del alcance de los negocios del IPSM.
FONDOS AUDITORIADOS
“Debo decirle no a manera de contestación, porque no me gusta contestar a nadie, que año con año los fondos del IPSM son auditoriados y son conocidos por la Contraloría General de la República (CGR), año con año, una firma internacional prestigiosa, dentro de las que escoge inclusive la misma Contraloría, hace la auditoría y ese informe se presenta posteriormente a la Contraloría”, dijo el jefe militar.
“Si no son esos los mecanismos que están establecidos en este país, si no acudimos a las autoridades competentes como puede ser la Contraloría, yo no podría decir a qué otro mecanismo tenemos que recurrir para que se pueda decir que está bien dicho”, alegó Halleslevens.
Agregó que “los fondos del IPSM son diáfanos, son claros, están ahí, son precisos (...) Las firmas éstas que se escogen para que hagan su trabajo lo tienen a mano, la Contraloría lo tiene y ésa es la ruta que hemos escogido”.
Para el general Halleslevens, contrario a lo que se les señala, el presente año ha sido “exitoso”, porque han trabajado con “un rumbo claro y definido”.
“Las instituciones, los organismos tienen la oportunidad, pienso yo, y el derecho de apreciar y expresar de acuerdo a su óptica, nosotros no compartimos esa lógica; sí, hay situaciones en las cuales se vieron involucrados algunos miembros de nuestra institución, que no ha sido la institución”, expresó Halleslevens.
CASO “EL ENCANTO”
El jefe militar salió al paso a otro de los casos, que durante el primer semestre le valió a ese cuerpo militar estar en la palestra pública: las tres muertes de la finca El Encanto, en el que se vinculó a soldados junto a una patrulla policial y que al final sólo un soldado fue acusado.
A criterio de Halleslevens, lo ocurrido en el Encanto “fue una situación muy particular”.
En esa ocasión, recuerda, el caso lo delegó a la autoridad competente e incluso fueron facilitadores para que la Fiscalía realizara su investigación y lo remitió al juez.
El IEEPP menciona que este lamentable hecho deberá servir “como un termómetro” para que el Ejército mejore los mecanismos de control, seguimiento y evaluación de todas sus instancias operativas.