Dice el refrán de origen anónimo que “no hay peor cuña que la del mismo palo”. Esta sabiduría popular se puede aplicar con certeza al Presidente izquierdista de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien los movimientos feministas —también izquierdistas— lo están acusando y acosando a nivel internacional por el caso de Zoilamérica Narváez, la cual en 1998 denunció públicamente que durante años y desde que era una niña había sido violada sexualmente por su célebre padrastro. Después Zoilamérica Narváez acusó a Ortega en los juzgados de Nicaragua, pero hasta hoy, diez años después, está esperando que se le haga justicia.
Hay que recordar que para evadir el juicio por la acusación de Zoilamérica Narváez, Ortega se escudó en la inmunidad parlamentaria, a la cual sólo renunció para que una juez sandinista lo sobreseyera, pero no porque hubiera comprobado que la acusación era falsa, ni porque el acusado hubiera demostrado su inocencia, sino porque la judicial determinó que la acción penal en ese caso ya había prescrito. Y cabe recordar también, que a partir de esa decisión la juez sandinista que favoreció al jefe de su partido ascendió rápidamente a magistrada de segunda instancia y luego de la Corte Suprema de Justicia.
Pero Zoilamérica Narváez no ha renunciado a la búsqueda de justicia y por eso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta traslade el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se condene allí al Gobierno de Nicaragua por negación de justicia. En estas circunstancias, al conocerse que el trámite de la denuncia de Zoilamérica Narváez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a su “etapa de fondo”, o sea que pronto va a resolver si desecha el caso o lo traslada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los movimientos feministas de repudio internacional a Daniel Ortega se han manifestado fuertemente en Paraguay, a donde el gobernante sandinista de Nicaragua no pudo viajar como invitado a la toma de posesión del presidente Fernando Lugo, y en Honduras, a donde sí viajó para atestiguar la incorporación del Gobierno de ese país a la alianza Alba.
Es importante recalcar que el movimiento internacional de repudio a Daniel Ortega, por la acusación de abusos sexuales que presentó contra él Zoilamérica Narváez, es impulsada por las organizaciones de mujeres feministas, que son claramente de izquierda, o sea de la misma corriente ideológica a la que pertenece el gobernante sandinista de Nicaragua. La derecha y en general los sectores democráticos tradicionales se han limitado a hacerse eco de la denuncia de Zoilamérica Narváez y del movimiento internacional de solidaridad con ella, a expresarle respaldo y a pedir a los organismos internacionales competentes que le hagan justicia. Esta prudencia se debe sin duda, o probablemente, a que si la derecha y los sectores democráticos tradicionales intervinieran activamente en el caso, se le daría motivos a Daniel Ortega y a sus defensores para alegar que la acusación de Zoilamérica Narváez es inventada, instigada y manipulada por sus adversarios ideológicos y sus enemigos políticos derechistas.
De todas maneras Daniel Ortega y sus fieles partidarios —entre ellos mujeres que lastimosamente actúan como cuchillos de su propia carne—, para tratar de deslegitimar la gravísima acusación de Zoilamérica Narváez por abusos sexuales la califican como un ataque político de sus enemigos. Pero como hemos dicho y repetimos, son movimientos y personas de izquierda fieles a sus valores éticos y a su tradición de lucha contra los abusos sexuales los que promueven la solidaridad con Zoilamérica Narváez. Y además, como ella misma ha dicho: “Si mi denuncia y este caso se han politizado no ha sido responsabilidad mía, que tengo derecho a denunciar el abuso. La politización es responsabilidad de Daniel Ortega, que ha utilizado los mecanismos de poder político de los que dispone para protegerse, y que se ha escondido tras un partido, el Frente Sandinista”.
Zoilamérica Narváez merece justicia y ya que no la encuentra en Nicaragua por la corrupción política y judicial que pudre moralmente al país, ojalá que la pueda encontrar en el tribunal internacional.
