En el país la pobreza, la desigualdad y falta de trabajo vuelve vulnerables a mujeres, niños, niñas y adolescentes, en cuanto al delito de trata de personas, dado que los obliga a emigrar a otros países para buscar mejores condiciones de vida y esto es aprovechado por los tratantes.
La secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales, afirmó que muchas veces las víctimas son utilizadas por redes criminales para esclavitud sexual o laboral y en algunos casos hasta para la extracción de órganos.
Rosales dijo que el fenómeno preocupa no sólo a Nicaragua, sino a Centroamérica y a México, porque la mayoría de las víctimas proceden de estos países.
Este delito es ejecutado por redes criminales, para mantener una logística en los diferentes países donde las personas están siendo trasladadas, de destino a destino. Recordó que en su mayoría las víctimas salen bajo engaño, por lo que aconsejó, sobre todo a los jóvenes, a tener mucho cuidado sobre las ofertas de trabajo que reciben para el extranjero.
Rosales explicó que las víctimas que proceden de Centroamérica, en su mayoría tienen como destino Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, muchas veces tienen como destino Guatemala, donde las llevan por lo general a prostíbulos de ese país, en otras ocasiones son llevadas a España.
ESPERANZAS EN NUEVO CÓDIGO PENAL
La fiscal Odeth Leytón, por su parte, estimó que en el país existe un subregistro, pues son pocos los casos que se llevan a los tribunales.
La fiscal Leytón se mostró esperanzada en el nuevo Código Penal, pues ahora los casos relacionados con la trata de personas serán conocidos por un juez técnico y no por un tribunal de jurado, que en muchos de los casos dejaban en libertad a los acusados.
“El jurado los dejaba libres porque siempre se tiende a culpabilizar a la víctima, como que es la persona responsable de lo que está pasando (...) ahora será un juez técnico, la prueba se va a valorar de una manera técnica jurídica. Tenemos más ventaja, porque el jurado nos cerraba las puertas a un recurso”, manifestó Leytón.
Además, recordó Leytón, que son pocos los casos que eran denunciados por las víctimas, pues generalmente la prueba con que contaban era la propia víctima, la que una vez en el juicio debía vencer el temor, amenazas, entre otros para no desistir del proceso.
Al inaugurar el seminario dirigido a los fiscales, Rosales dijo que a partir de la fecha las unidades especializadas de crimen organizado y de violencia de género, con sus fiscales enlaces, trabajarán de forma conjunta en la persecución de este ilícito.