Solicitan al Gobierno una reforma a la Ley 202 Orlando Pérez, vocal de la junta directiva de la Fundación Solidez y fiscal de la Federación de Organizaciones Nicaragüenses por la Rehabilitación y la Integración (Feconori), expresó que solicitan al Gobierno una reforma a la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, con respecto a sus derechos a educación, salud y educación. Entre las reformas solicitan que la ley mande a las empresas e instituciones a contratar a dos personas discapacitadas por cada 50 empleados de planilla y no uno como actualmente lo establece. Asimismo que el Gobierno genere empleo informal (negocios en casas) para las personas que padecen de una discapacidad severa. También le piden al Gobierno que elimine, para las personas con discapacidad, cualquier tipo de impuestos debido a que el 80 por ciento del total de discapacitados se encuentran en el desempleo. Referente a educación las diferentes organizaciones de personas con discapacidad le plantean al Gobierno que se amplíe la opción de ingreso a la universidad no con un beca, sino con el carné que los designa como discapacitados. Actualmente solo quienes logran una beca en la universidad pueden acceder a estudios superiores. La firma del Protocolo Facultativo de la Convención internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es otra de las demandas de las personas con discapacidad, pero que Sandra Darce, de la Federación de Mujeres con Capacidades Diferentes, le exige al Presidente de la República la firme, pues a nivel de América Latina es el único país que no lo ha hecho. La convención ya fue ratificada por la Asamblea Nacional, pero es necesario que la ratifique el Presidente de la República, pues es la herramienta que tienen las personas con discapacidad “para que cuando no se cumplan los acuerdos de la convención tener el derecho de hacer las demandas en el comité internacional”. El pasado 19 de septiembre del 2006 antes de llegar a la presidencia, Daniel Ortega Saavedra, firmó un compromiso con las personas con discapacidad para apoyar estas y otras demandas, a pesar de ello hasta la fecha este compromiso no ha sido ratificado y el Presidente tampoco les ha brindado una audiencia. Este martes las diferentes organizaciones de personas con discapacidad se plantarán en las afueras de la Cancillería de la República para solicitar que se cumplan sus demandas y compromisos adquiridos.

Hace 13 años, en agosto de 1995 el gobierno de turno aprobó la Ley 202, Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y decretó el 25 de agosto como Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Sin embargo quienes pertenecen a este grupo se sienten excluidos del acceso a la infraestructura, educación, empleos y salud

Hace seis años Elizabeth Martínez Martínez logró concluir su carrera universitaria y se convirtió en Psicóloga General, pero éste es apenas el primer escalón entre sus metas que, a pesar de las dificultades y el desencanto momentáneo, espera poder cumplir.

Por decisión propia Martínez, inició sus estudios a los 20 años cuando ingresó al sexto grado de primaria. Antes era autodidacta, debido a que sus padres temían enviarla a una escuela, pues se moviliza en silla de ruedas. La Polio la atacó cuando tenía siete meses de nacida. La enfermedad atrofió el desarrollo de sus miembros superiores e inferiores.

No obstante su discapacidad no la intimida. Es una mujer alegre, de muy buen humor, y con un rostro parecido a la luna. Su carácter amigable le ha permitido contar con el apoyo de diferentes personas y poder cumplir, hasta ahora, algunas de sus metas. Aunque para ello pasó por muchas dificultades.

“El primer año en la universidad fue muy difícil manejarme dentro porque habían muchas escaleras. En cuanto a infraestructura era bastante incómodo, tenía que movilizarme por donde andaban los vehículos. En ese tiempo llegaba en taxi y era complicado desde donde me dejaba el taxi hasta el aula. El acceso a los baños también era súper incómodo”, cuenta.

Desde que ingresó a estudiar Martínez se enfrentó a su primer obstáculo, la infraestructura. En primaria recuerda que el centro quedaba muy lejos de su casa y los gastos se incrementaron ante el pago de taxis para movilizarse. En secundaria logró una beca en un colegio cercano y privado, pero su sección quedaba en un segundo piso. Ahí contó con el apoyo de sus compañeros.

INFRAESTRUCTURA

En diciembre del 2004 se publicó en La Gaceta el Manual de Normas Mínimas de Accesibilidad donde se establecen criterios básicos para la prevención y eliminación de barreras en el medio físico, entre éstas, barreras arquitectónicas, urbanas, de transporte y de comunicación sensorial. El objetivo era garantizar la accesibilidad a quienes padecen algún tipo de discapacidad.

Sin embargo, a cuatro meses, de que se cumplan cuatro años desde su publicación, quienes padecen de discapacidad no sienten avances y mucho menos identifican cambios en la infraestructura pública y privada, incluyendo plazas comerciales, parques, servicios sanitarios, estacionamiento, paradas de buses, hospedajes, restaurantes, salas de cines, edificios habitacionales, entre otros.

“Hay una total indiferencia de los directores de centros de estudios y no hay un mandato de parte del Ministerio de Educación (Mined). Hacemos mucho énfasis de la accesibilidad porque me permite poder integrarme al estudio, al trabajo, poder recurrir a un Centro de Salud, poder participar en los espacios sociales y recreativos, es fundamental”, afirma Rosa Salgado, Procuradora Especial de las Personas con Discapacidad.

Salgado considera que falta una política de divulgación del Manual de Normas Mínimas de Accesibilidad y por ello desde las instituciones, hasta las empresas privadas y la ciudadanía en general, no las respetan, ni ponen en practica por eso “vemos poniendo árboles en las aceras, obstáculos como mesas y vendedores que no permiten la circulación de una persona en silla de ruedas”.

Martínez reciente esta falta de acceso. Revela que quisiera visitar algunas salas de cines, pero los centros comerciales donde se encuentran sólo tienen escaleras para acceder al segundo piso. El Teatro Nacional Rubén Darío, también le gustaría visitarlo con frecuencia, pero llegar hasta los balcones en silla de ruedas es “bastante complicado” y “quizás hasta peligroso”.

ACCESO A LA EDUCACIÓN

Las personas con discapacidad en Nicaragua, no sólo han perdido su derecho a la libre movilidad, a disfrutar de su tiempo libre y ser parte de la actividad cultural. La Encuesta Nicaragüense de Discapacidad (Endis-2003), revela que medio millón de habitantes (10.25 por ciento de la población) padece algún tipo de discapacidad, de éstos el 45 por ciento, según el estudio La discapacidad y el acceso a la educación, realizado por Danida en el año 2004, “no tienen ningún tipo de instrucción”.

No existen datos recientes que demuestren si la situación de las personas con discapacidad en Nicaragua ha cambiado en positivo o si más bien ha retrocedido. El Instituto Nacional de Información del Desarrollo (Inide) desde el 2003 no ha levantado otra encuesta que revele si las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno y las instituciones han favorecido en el desarrollo.

“En educación la política del Estado ha sido la educación especial, que no digo que ha sido mala, sino buena, pero ha segregado a los niñez. Un niño con discapacidad física perfectamente puede asistir a una escuela regular. Lo que nosotros hemos venido proponiendo es que sea una educación inclusiva”, dice Salgado.

Johnny Hodgson, coordinador técnico de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación (Mined), expresó que desde el año 2002 la inclusión de niñez con discapacidad en los cursos regulares ha experimentado un ascenso. De 2,356 niños y niñas atendidos hoy se registran 3 mil 772.

“En las escuelas de educación especial hay una disminución de matrícula, porque se integran a la educación regular. Nosotros apostamos mucho a la educación inclusiva porque beneficia a quienes presentan discapacidad y a quienes no la tienen”, afirma. El Mined atiende 5,515 niños y niñas con diferentes discapacidades.

No obstante aún se presentan obstáculos tanto en la educación básica como media y superior, pues no existen suficientes docentes formados en lenguaje de señas para atender a la niñez con discapacidad auditiva, así como tampoco existe el material didáctico en Braille para aquellos niños y niñas con discapacidad visual.

FALTA DE EMPLEOS

Martínez al igual que Ericka Dávila Guzmán, coronaron una carrera universitaria, pero ninguna ha logrado encontrar un empleo. Los últimos 10 años Dávila ha pasado “dejando papeles” en diferentes instituciones y empresas, pero nadie le ha brindado una oportunidad, a pesar que su discapacidad es de menor grado.

Esta abogada y administradora de empresas, recién nacida padeció de meningitis, enfermedad que le dejó movimientos involuntarios de su brazo derecho. Y afectó su pierna derecha por lo que renquea. “Yo no me siento discapacitada, pero creo que mi condición ha influido para que no me den una oportunidad”, dice.

El Ministerio del Trabajo (Mitrab) es la institución rectora de que se cumplan lo establecido en la Ley de Prevención, Rehabilitación y Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad que dice: “Toda empresa estatal, privada o mixta, deberá contratar o tener contratado por lo menos a una persona discapacitada con una proporción de cincuenta personas según planilla”.

Sin embargo, ambas profesionales continúan esperando una oportunidad para desarrollar sus conocimientos, mientras otros discapacitados aún no tienen acceso a la educación y esperan que se brinden las condiciones para ejercer sus derechos humanos fundamentales.