Uribe imputado El Presidente colombiano, Álvaro Uribe, compareció ayer ante una comisión de acusaciones del Congreso, que investiga si incurrió en el delito de cohecho para lograr una enmienda de la Constitución que posibilitó su reelección en 2006. La denuncia contra Uribe fue formulada en julio por el opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), ante la comisión de investigaciones y acusaciones de la Cámara de Representantes. El PDA sustentó su denuncia en la declaración ante la Corte Suprema de Justicia de la ex legisladora oficialista Yedis Medina, quien fue condenada por el delito de cohecho y denunció que el Gobierno le ofreció dádivas para votar a favor de la reforma constitucional. En Colombia, el Presidente sólo puede ser investigado por el Congreso, que si llega a hallarlo responsable de algún delito penal, traslada el caso a la Corte Suprema de Justicia, único tribunal que puede juzgarlo y condenarlo.

Golpeada por el Gobierno, la guerrilla da lista de 29 secuestrados y pide cambio de “presos de guerra”

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, emitieron un comunicado ayer en el que manifiestan su voluntad de intercambio humanitario y divulgaron un listado de 29 “prisioneros de guerra”, entre los que sobresale el cabo Pablo Emilio Moncayo, secuestrado desde el 17 de diciembre de 1997 y cuyo padre, el profesor Gustavo Moncayo, ha recorrido casi toda Colombia en una caminata para reclamar el intercambio humanitario.

Las FARC no dijeron qué Gobierno ni países podrían servir en ese papel de garantes a un eventual intercambio ni tampoco mencionaron su vieja demanda de que el Gobierno de Álvaro Uribe retire a militares y policías de los 180 kilómetros cuadrados de los municipios Pradera y Florida, en el departamento Valle del Cauca, y en el suroeste del país, una zona en la que han tenido su bastión.

Esta propuesta surge tras al menos cuatro meses de silencio sobre un posible canje de secuestrados por rebeldes en prisión, y luego de toda una ofensiva del Gobierno colombiano para destruir a este grupo guerrillero, que tuvo su mayor muestra con la Operación Jaque, el 2 de julio, que permitió la liberación de 15 rehenes, incluida la ex candidata presidencial, Ingrid Betancourt.

El llamado “Secretariado del Estado Mayor” de las FARC señala que “es lógico” que la guerrilla y las familias de los guerrilleros presos los quieran “libres, lejos del oprobio y la humillación de las cárceles gringas (EE.UU.) y de los calabozos de máxima seguridad de Colombia”.

POLÍTICOS Y MILITARES

Por eso, afirman, “mantenemos la propuesta de intercambio humanitario” y enseguida, y por primera vez, entregó un listado de los rehenes que dice mantiene como “prisioneros de guerra”. La lista fue difundida por la Agencia de Noticias Nueva Colombia, Anncol, vinculada a las FARC.

En la lista de canjeables las FARC incluyeron a tres políticos así como un coronel, un capitán y un teniente, además del cabo Moncayo, cuyo caso ha movido a toda Colombia dada la entereza de su padre en caminar por casi todo el país, encadenado, como una forma de llamar la atención para que el país no se olvide del drama de los secuestrados.

En la comunicación no se menciona a Luis Peña, un policía que se presume que murió en cautiverio, ni a ninguno de los rehenes que posee esa guerrilla con fines económicos.

Paralelo al anuncio de las FARC, ayer el Gobierno de Colombia celebró la desmovilización de los últimos 36 guerrilleros del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en una zona rural selvática del departamento del Chocó.

Los guerrilleros del ERG habían suscrito un acuerdo con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, el pasado 2 de agosto.