Entre tanto discurso oficial negativo, de intolerancia a la crítica y las opiniones de los demás, de insultos a nacionales y extranjeros, de amenazas con conflictos bélicos internacionales, de compromiso gubernamental con organizaciones terroristas de otros países, de disparates incluso, resulta satisfactorio y agradable escuchar de vez en cuando un planteamiento responsable y una opinión sensata de boca de algún alto miembro del poder gubernamental.
Tal es el caso, precisamente, de lo que dijera el presidente del Banco Central de Nicaragua, doctor Antenor Rosales, el jueves 14 de agosto corriente, publicado por LA PRENSA en su edición del día siguiente, con respecto al salario mínimo que se debe fijar actualmente en el país. “No se gana nada haciendo grandes ajustes de salario que después van a provocar una gran inflación”, dijo el principal funcionario financiero del país, y agregó que, según su convicción, “las medidas populistas no van con un Gobierno revolucionario”.
En realidad, no sólo es para provecho de la economía nacional o de las partes gremiales, laboral y empresarial privada, sino también del Gobierno -el cual tiene la responsabilidad de velar por la bienandanza de la nación y responde por todos los problemas que sufre la población -, que se debe establecer una política salarial justa y al mismo tiempo razonable. La verdad es que sólo en apariencia se le hace bien a los trabajadores cuando se decreta un gran aumento de salario mínimo, si éste no va acompañado con el incremento de la producción y de la productividad, con el crecimiento de la inversión, con la creación de más empleo productivo y con una mayor oferta de bienes y servicios. Si únicamente se aumentan los salarios, en vez de hacer un bien a los trabajadores asalariados y a sus familias se les hace un mal, pues los precios de los productos de la canasta básica se disparan hacia arriba, disminuye la oferta de productos en los mercados, supermercados y expendios, y la inflación golpea más despiadadamente a toda la población, particularmente a los sectores que económica y socialmente son más débiles.
Se conoce que el salario mínimo se estableció por primera vez en la historia, en Nueva Zelanda, en el año 1894. Desde entonces se comprobó que de nada sirve y que más bien es peor aumentar los salarios, si al mismo tiempo no se incrementan la producción, la productividad laboral y la oferta de bienes y servicios. En América Latina, el Perú fue el primer país donde se fijó un salario mínimo, en 1916, y luego se extendió a los demás países latinoamericanos. Pero en todos los casos la experiencia ha demostrado que si el salario se aumenta de manera desproporcionada en relación con la realidad económica del país, a fin de cuentas lo que se hace es provocar grandes desajustes, crisis y mayor desgracia para los trabajadores asalariados a quienes supuestamente se quiso beneficiar.
Por eso fue que en 1928 la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo aprobó su Convención 26, en la que se determinan los métodos apropiados para fijar el salario mínimo, el cual, para guardar el equilibrio de que habló el presidente del Banco Central de Nicaragua, se debe establecer en base al consenso tripartito de trabajadores, empresarios y gobierno, responsablemente representados.
Sin duda que el salario mínimo en Nicaragua, que hasta ahora es de unos 1,900 córdobas y cubre apenas alrededor del 16 por ciento del precio de la canasta básica, es injusto y debe ser mejorado. Pero el necesario aumento del salario mínimo, a la vez que debe ser justo para los trabajadores que son la parte más vulnerable del pacto social, también tiene que ser razonable para los patronos y adecuado para la situación objetiva y real de la economía nacional.
Por su parte, los gobernantes, en vez de perder el tiempo en discursos y de empeorar la situación del país insultando a adversarios nacionales y a representantes críticos de la comunidad internacional; en vez de comprometer al país en aventuras internacionales y vínculos con el terrorismo de otros países, lo que deberían hacer es rectificar el rumbo, respetar el Estado de Derecho, garantizar la seguridad jurídica para que hayan más inversiones extranjeras y actividad económica nacional, cuales son las únicas que crean empleo, que producen riqueza y que permiten aumentar los salarios de los trabajadores, las ganancias de los empleadores y el ingreso del Estado .
