Los poderes Ejecutivo y Legislativo acercaban posiciones ayer en torno a una Ley de Vivienda Digna, a través de la cual podrían disminuir los intereses de compra y aligerar los permisos de construcción.
El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, explicó que el Ejecutivo propuso facilitar un “crédito fiscal” al sector construcción, para disminuir los costos sobre las viviendas de interés social, es decir con un precio no mayor a los veinte mil dólares.
“Para ayudar a la vivienda social, el Presidente (Daniel Ortega) ha tomado una decisión y es que se le va a dar un subsidio a los intereses de la gente que compre vivienda barata, de interés social, viviendas de menos de veinte mil dólares”, dijo Arce.
Se estima que en Nicaragua hay un déficit no menor a las 420 mil viviendas nuevas.
“Ahorita algunos bancos están cobrando 9.5 por ciento de interés, pero el Estado podría asumir hasta el 3.5 por ciento de los intereses, a través de un crédito fiscal, para que los intereses sean bajos, el precio de las viviendas baje y las amortizaciones que pague la gente sean bajas”, añadió Arce.
LO DESMIENTE
Sin embargo, el diputado Agustín Jarquín, vicepresidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, detalló que el Gobierno asumiría entre el uno y el 1.5 por ciento de los intereses, a través del subsidio fiscal, pero no del tres por ciento como afirmó Arce.
“Hablamos de viviendas de un máximo de 36 metros, con un costo no mayor de veinte mil dólares”, indicó Jarquín, diputado sandinista.
El gobierno de Ortega anunció que pretende construir cuarenta mil viviendas, lo que Jarquín calificó como una meta “sumamente ambiciosa”.
¿Y EL IMPACTO EN LAS RECAUDACIONES?
Arce no logró cuantificar el monto que significaría al Estado el crédito fiscal que ha ofrecido el Gobierno.
El ex diputado y hoy funcionario de Gobierno aseguró que, en todo caso el crédito fiscal permitirá dinamizar al sector construcción.
“La Asamblea tiene que pedirle la referencia a Hacienda, para que le diga que sí es asimilable (el crédito fiscal), porque recuerden que éste es un impuesto que no existe, pero partiendo de que se va a ir construyendo viviendas, vos calculás lo que te ingresaría si no das ese subsidio, lo que perderías de ingreso, versus la cantidad de viviendas que vas a hacer y que te van a generar una actividad económica, la generación de empleos”, sostuvo Arce.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo esperan que la Ley de Vivienda Digna sea aprobada este año, junto a una Ley de Registro Público.
Jarquín explicó que otro de los planteamientos es que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) coloque parte de sus reservas en el sistema bancario privado, para promover un “cofinanciamiento” en la construcción de viviendas.
Asimismo, existe un interés por disminuir el tiempo que en la actualidad tardan las instituciones para otorgar los permisos de construcción, que van de los diez a los 18 meses.
En el proyecto de ley se quiere crear una ventanilla única, que tendría un máximo de tres meses para aprobar o rechazar las solicitudes de construcción.
“Está la ventanilla única que plantea la ley, de manera que los trámites que debés hacer en la Alcaldía, Marena, Invur, en los bomberos, que se haga en un solo local y que haya un tiempo mínimo establecido allí”, mencionó Jarquín.
EL SILENCIO POSITIVO
El diputado Jarquín agregó que el Gobierno está interesado en establecer el “silencio administrativo positivo”, según el cual si las instituciones no resuelven una solicitud de construcción en tres meses, el interesado podrá asumir que su petición ha sido aprobada.
