El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) propuso hoy al gobierno de Daniel Ortega un diálogo nacional en base a una agenda de 20 temas en busca de solución a la "gran crisis general" que afronta el país.
El presidente en funciones del PLC, diputado Wilfredo Navarro, dirigió una carta a Ortega para proponer el diálogo, haciéndose eco de declaraciones dadas por el líder sandinista la semana pasada de que los opositores sólo lo injurian y calumnian y no presentan propuestas constructivas.
Navarro entregó hoy la carta a Ortega en el Consejo Nacional de Comunicación y Ciudadanía, que coordina la esposa del mandatario, Rosario Murillo, y que además es portavoz gubernamental.
El PLC, colectivo controlado por el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, propone como agenda para el diálogo: El fortalecimiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial y del Consejo Supremo Electoral.
También transparencia en el manejo de los fondos del Estado, lucha frontal contra la corrupción y el nepotismo, fomento de la ética pública, finalización del manejo político de los fondos estatales y respeto a la institucionalidad.
Además, definir el combate al desempleo, una estrategia independiente de política exterior, el clima de atracción de inversiones, respeto a la propiedad privada, la estabilidad laboral en el sector público como privado y reglas que determinen un salario digno para los trabajadores, entre otros puntos.
PAZ SOCIAL EN PELIGRO
Los liberales advierten que, de no tomarse pronto una decisión para celebrar el Diálogo Nacional, "se puede llegar a tener un efecto desencadenante de proporciones que rebasen la paz social".
"Todas las fuerzas sociales, económicas y políticas, coinciden en que hay una gran crisis nacional que tiene su componente de arrastre, pero que bajo los actuales parámetros de su administración, adquiere matices dramáticos con su propia dinámica envolvente y grado de aceleración continuo", expresan los liberales.
"El autoritarismo y falta de respeto a la legalidad y al ejercicio de los derechos fundamentales como la propiedad, libertad de expresión, libre empresa, al sufragio, entre otros, han sufrido un creciente deterioro," enfatiza el PLC.
Sostienen que "se percibe una reiterada voluntad de su gobierno de convertir a los otros Poderes del Estado en "satélites" del Ejecutivo, queriendo romper con ello el equilibrio de los Poderes y el Estado de Derecho, piedras angulares de la democracia.
Denuncian que Ortega "hace uso de empresas prefabricadas propiedad de funcionarios del gobierno que además son miembros del Partido FSLN, para ejecutar obras del Estado sin licitaciones y sin ningún control".
Insisten en que "en el caso de la justicia, los tribunales y los jueces han sido instrumentalizados para que por consignas e intereses políticos apliquen la justicia de manera selectiva, para premiar a los sumisos o castigar a los que protestan por los abusos de su gobierno".
"El uso de los recursos del Estado con fines partidarios, la presión, el chantaje y los despidos a los trabajadores del Estado, para obligarlos a participar en actividades partidarias, se ha acrecentado", dice la carta del PLC, sobre cuyo contenido el gobierno no se ha referido.
