La Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría perder toda su influencia sobre los millonarios bienes incautados al crimen organizado, si un proyecto de ley en contra de la narcoactividad finalmente crea la Unidad de Administración de Bienes Incautados (UABI).
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, sostuvo que los jueces no pueden seguir emitiendo sentencias que incluyan una distribución antojadiza de los bienes incautados.
“Hay un gran vacío porque no existe una Unidad y se aprovechan algunos judiciales para decidir sobre lo que no les corresponde, y deciden en una forma en contra de las disposiciones legales”, explicó Pallais.
La Ley 285, de Estupefacientes, Sicotrópicos y Sustancias Controladas, establece que los decomisos al crimen organizado se repartirán en partes iguales a cinco sectores: Ministerio de Salud, Policía Nacional, Sistema Penitenciario Nacional, Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas y finalmente para los programas de prevención y rehabilitación de las organizaciones no gubernamentales.
Entre el año 2004 y el primer semestre del 2008 las autoridades incautaron 11.7 millones de dólares y más de quinientos vehículos pesados, livianos, terrestres, aéreos y acuáticos, sobre los cuales no existe ningún control, han admitido diversas autoridades.
Pallais y Roberto Orozco, del Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP), expresaron que los judiciales en la actualidad no acatan lo dispuesto en la Ley 285 al momento de repartir los bienes.
“Queremos que no se repitan las situaciones lamentables que se han dado sobre decisiones en el manejo de estos recursos, porque no están acorde con lo que dispone la actual Ley 285”, comentó Pallais ayer durante un taller de análisis sobre la nueva ley.
“Con este proyecto de ley se termina esto de que ‘en río revuelto, ganancia de pescadores’ y se ordena la distribución y se crea un mecanismo”, precisó Orozco.
FSLN EN CONTRA
Sin embargo, el coordinador de la bancada del Frente Sandinista (FSLN), Edwin Castro, se declaró a favor de que la CSJ sí reciba una partida de los bienes incautados, aunque reconoció que por ahora hay un descontrol sobre esos decomisos.
“La Corte Suprema de Justicia es un miembro del sistema y creo que sí, debe recibir, no te sé decir qué porcentaje, pero todos los que estén allí: el Sistema Penitenciario debe recibir, la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía, el Ejército, para mejorar el sistema de combate, pero a veces la Policía ni los ve pasar (los bienes incautados)”, dijo Castro.
POLÉMICA POR REPARTICIÓN
Hasta ahora todos los sectores están de acuerdo en crear la UABI, pero no existe ese consenso sobre la distribución de los bienes decomisados al crimen organizado.
El asesor externo de la comisión legislativa, Alexander Rodríguez, admitió que el tema podría ser polémico.
“Un tema que evidentemente va a causar polémica es el de la distribución de los bienes incautados, algunas instituciones opinan que de una sola vez debe quedar un porcentaje establecido por la ley, otras no han opinado, pero igual ninguna está de acuerdo en que todo quede como hasta ahora se ha hecho”, mantuvo Rodríguez.
La Fiscalía General de la República, según su secretaria ejecutiva, Delia Rosales, aspira a recibir entre un 15 y un treinta por ciento. Actualmente no reciben nada.
El teniente coronel Walner Molina, segundo jefe de la Asesoría Legal del Ejército de Nicaragua, expresó que únicamente quieren hacerse cargo de los medios aéreos y navales, además de las armas que incauten al crimen organizado.
Pallais indicó que la nueva versión de la ley dejaría sin recursos al Sistema Penitenciario y a los programas de prevención contra las drogas.
