Hoy se cumplen 15 años del secuestro de los dirigentes de la Unión Nacional Opositora (UNO), entre ellos el entonces Vicepresidente de la República, doctor Virgilio Godoy Reyes, que fue perpetrado por una banda de paramilitares sandinistas. El rapto ocurrió en Managua, en las oficinas de la UNO, y fue una represalia sandinista por el secuestro de algunos diputados del FSLN y funcionarios del gobierno, incluyendo a un alto jefe del Ejército Popular Sandinista, que había sido realizado poco tiempo antes por una banda de contrarrevolucionarios armados en Cailatú, Quilalí, en el departamento de Nueva Segovia.
Los secuestradores de Cailatú exigían la renuncia o destitución del general Humberto Ortega, de su cargo de comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista, así como también la del antiguo jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE) sandinista, Lenín Cerna y del Ministro de la Presidencia y yerno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, ingeniero Antonio Lacayo Oyanguren. La UNO también demandaba la renuncia o destitución de esos personajes, pero hasta donde yo supe no había conexión con el secuestro realizado por los contras en Caylatú. Sin embargo, los sandinistas si creían que había una conexión y por eso la presión principal de los secuestradores sobre los dirigentes de la UNO, era que no siguieran demandando la renuncia de Ortega y de Cerna.
Para doblegar a los secuestrados de la UNO los secuestradores amenazaron con matarlos a todos y colocaron cargas explosivas en diversos lugares del edificio donde mantenían a los rehenes. Después escogieron a tres de los secuestrados, los diputados Alfredo César, Humberto Castilla y el autor de este artículo, los obligaron a quitarse la ropa y, dejándolos en calzoncillos, los colocaron ante los ventanales del frente de la casa. Según los bandidos allí las tres personas mencionadas serían las primeras en morir si la casa de la UNO era asaltada por la Policía o la Contra, pero según temíamos —o al menos yo lo temía— la intención de los secuestradores además de humillarnos era fusilarnos o asesinarnos por la espalda.
Gracias a Dios, muy rápidamente, al cabo de cinco días se resolvieron los dos secuestros. Los rehenes de Cailatú fueron dejados en libertad y los sandinistas tuvieron también que liberar a los secuestrados de la UNO, sin haber logrado que renunciaran a su demanda de renuncia o destitución de Humberto Ortega del mando supremo del Ejército.
De todas maneras, el objetivo de conseguir la renuncia o destitución de Humberto Ortega se comenzó a alcanzar apenas ocho días después de que terminaron los secuestros, porque la presidenta Violeta Barrios de Chamorro tenía ese mismo propósito. De hecho doña Violeta quiso destituir al general Ortega desde que tomó posesión del gobierno, en abril de 1990, pero las complejas circunstancias de la transición no se lo habían permitido. De manera que doña Violeta aprovechó la oportunidad que le brindaron los secuestros de agosto de 2003 para cumplir su objetivo. Y así fue que el 2 de septiembre de ese mismo año 1993, apenas ocho días después de que terminó el secuestro de la UNO, doña Violeta anunció públicamente su decisión de retirar a Humberto Ortega del mando supremo del Ejército y del servicio militar.
La destitución de Humberto Ortega fue sin duda un significativo avance del proceso de transición democrática de Nicaragua, el cual no ha podido concluir hasta ahora y más bien está sufriendo una lamentable regresión, al recuperar Daniel Ortega la Presidencia del país.
Pero así son las transiciones. Se caracterizan por ser una lucha enconada entre lo viejo y malo que se resiste desesperadamente a desalojar el escenario de la historia, y lo nuevo y bueno que por múltiples razones no tiene fuerza suficiente para erradicar a la antigua dictadura, que ya sea gobernando desde abajo o desde arriba mantiene prácticamente secuestrada a toda la nación.
