El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) rechazó ayer el desalojo y destrucción de muelles que se encuentran en la Laguna de Apoyo, ejecutado por la Alcaldía de Catarina, la Procuraduría General de la República y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), el pasado viernes.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, quien recibió ayer a un grupo de inversionistas que fueron afectados con dicha resolución, calificó de “atípica” la medida al considerar que es inconcebible que sólo se haya dado 48 horas para que éstos despejaran los linderos de costas que pertenecen al Estado, según lo estipulado en el artículo dos de la Ley Agraria.
Ese artículo señala que los habitantes de estas zonas deben respetar los 30 metros que le corresponden al Estado para que las personas puedan bañarse, sin ser objeto de prohibiciones.
Algunas propiedades no respetan los 30 metros de costas y sus infraestructuras están inclusive dentro del agua, según argumenta la resolución.
No obstante, Aguerri afirmó que en algunos casos se violó el derecho de propiedad de las personas, porque si es verdad que se encontraban en áreas costeras propiedad del Estado, lo había hecho desde antes de que la Ley Agraria fuera aprobada en 1971.
“Recordemos que las leyes no son retroactivas”, añadió Aguerri, quien recordó que la Ley Agraria refiere los 30 metros de costas a las áreas baldías y no a las zonas ya ocupadas.
También rechazó que los inversionistas atenten contra la preservación del medio ambiente, tal a como se argumenta en la resolución de la comuna.
La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo, Lucy Valenti, lamentó la medida y afirmó que este tipo de decisiones institucionales locales “crean un clima de inseguridad jurídica”.
“Yo creo que eso son disparos de gente que no tiene la visión suficiente, que no se da cuenta del daño que le está haciendo a la seguridad de las inversiones y a su propio gobierno”, aseguró Valenti.
Marco López, representantes legal de los afectados, aseguró que al menos unos 125 notificaciones de desalojo fueron emitidas, de las cuales hasta el momento se han ejecutado diez.
López afirmó que una de las incongruencias de esa resolución es que a pesar que fue emitida por la Alcaldía de Catarina, fue extendida a inversionistas de Granada.
En el desalojo participaron 150 trabajadores de la Alcaldía de Catarina, quienes desmantelaron los cercos, rampas para lanchas de motor y algunos muelles.
